ecientemente, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó un punto de acuerdo para enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica del IPN. Inmediatamente, el SNTE montó una campaña de desinformación sobre sus alcances jurídicos.

Manipulando, presentó esta iniciativa como un intento de privatización. La autonomía sería la vía para que Morena en el Congreso acabara con los derechos laborales politécnicos, perderíamos el derecho a la permanencia, se eliminarían los quinquenios salariales, habría cuotas obligatorias.

El SNTE tiene razones de peso para negarse a discutir la democratización del IPN. Su propia estructura antidemocrática se ha beneficiado de la corrupción institucional en el manejo de plazas.

El movimiento de 2014 reveló que de 1996 a 2014, las diferentes administraciones del IPN otorgaron 5 mil 822 plazas docentes ¡a personal no docente que cumple funciones administrativas! Peor aún: se otorgaron mil 891 plazas docentes de tiempo completo ¡a personal sin licenciatura! Esas irregularidades son de una amplia magnitud: equivalen, aproximadamente, a un tercio de las plazas docentes en el IPN.

La pandemia ha dejado lamentablemente varias muertes, de igual forma, por salud varios trabajadores se jubilaron, lo cual ha incrementado las plazas vacantes. Éste es el botín que pretenden obtener. Reforzar su corporativismo para disputar la dirigencia nacional.

La propuesta de Hidalgo no resuelve el problema de fondo: la democratización del IPN. Establece una junta de gobierno que subordinaría al director general y al Consejo General Consultivo (CGC) y deja intacta la estructura autoritaria que no permite la participación democrática de la comunidad estudiantil en la toma de decisiones ni avanza en la rendición de cuentas.

El movimiento de 2014 chocó directamente contra el CGC, ya que pretendieron imponer una política autoritaria neoliberal regresiva que degradaba los contenidos académicos, para que el IPN renunciara a la formación de profesionistas de primer nivel, traicionando sus orígenes cardenistas y se establecía un reglamento interno que violaba la Carta Magna, cancelando derechos políticos fundamentales.

No existen mecanismos de votación directa para poder participar en el CGC, 60 por ciento de su conformación es designada a dedazo por el director general. De los funcionarios que le deben el puesto depende qué votan y cómo lo votan. Los directores de las escuelas manejan a su antojo estas estructuras, ya que los estudiantes apenas representan 25 por ciento de su integración. Tienen ganada la discusión de facto.

El 2014 trazó la ruta para recuperar el carácter cardenista y refundar el IPN a través de la participación de toda la comunidad en un Congreso Nacional Politécnico democrático, representativo, resolutivo e incluyente. El gobierno federal terminó aceptando estas condiciones, no por demócrata, sino porque tenía encima la crisis política derivada de la detención-desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esta discusión ha permitido volver ha plantear que el IPN debe modernizarse, tal como sucedió con la Ley General de Educación Superior, para consolidarse como un actor principal en el México del siglo XXI.

Por poner un ejemplo, a partir que se le eliminó su fideicomiso para combatir la corrupción como un compromiso de la Cuarta Transformación, no ha podido llevar a cabo la transición administrativa, porque la propia Ley Orgánica lo limita.

Desde que asumió el cargo el doctor Arturo Reyes Sandoval, varias voces le alertaron sobre actos de corrupción dentro de la anterior administración, pero no se sabe hasta ahora qué acciones planteó. Quien sí actuó fue la Función Pública que sancionó a varios funcionarios en temas millonarios como la reconstrucción de los edificios y la Fundación Politécnica. Esta última no da cuentas al IPN sobre sus estados financieros y aun así, los directores de las escuelas solicitan que se le depositen los donativos obligatorios para la inscripción.

A pesar de haber sido sancionado por retirar una demanda por más de 20 millones de pesos que tenía el IPN contra la Fundación Politécnica, al ex abogado general José Juan Camacho Guzmán le fue asignada, de forma opaca, una plaza de tiempo completo titular B en el Centro de Investigación en Computación, siendo él abogado.

En la marcha del jueves por la Defensa del Politécnico que se dirigió al Congreso de la Unión quedaron evidenciados los bandos, una comisión se desvió a Gobernación y sin acordar en asamblea alguna, al más estilo porril, se autonombraron representantes de toda la comunidad y se sentaron a negociar a espaldas de ésta.

Por otro lado, la comunidad estudiantil salió genuinamente a las calles a defender espontáneamente el centro de lo logrado en 2014, es decir, que la transformación debe producirse dentro del IPN con la participación de toda la comunidad, que para nada es el CGC, sino más bien el Congreso Nacional Politécnico (CNP).

La corrupción, la estructura antidemocrática y autoritaria del Instituto Politécnico Nacional deber ser erradicada. El gobierno federal, al iniciar el sexenio, se comprometió a realizar el CNP. Deben cumplir su palabra, de otra forma, la marea guinda no se detendrá.

* Docente de la ESCA Tepepan