Xalapa, Ver., La directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, informó que se modificará el convenio marco por el cual las entidades aportan fondos a las universidades, debido a que hay gobiernos estatales que no colaboran con lo que les corresponde por ley.

Agregó que actualmente las universidades públicas de Michoacán, Nayarit, Chiapas, Colima, Zacatecas y Morelos se encuentran en crisis, por lo que se buscará resolver sus problemas económicos a través del diálogo y revisar caso por caso, sumando a otras autoridades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es quien manda los recursos previo consenso y aprobación de la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Gobernación.

Previo a la celebración de la 22 asamblea general ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), realizada este martes de manera presencial y a distancia desde el puerto de Veracruz, Rodríguez Armenta dijo que el problema fundamental es que los gobiernos estatales no otorgan los recursos que deberían otorgar por ley y, según el convenio marco con el que se entrega el recurso, tiene que ser 50 por ciento el estado y 50 por ciento la Federación.

Sin embargo, señaló, únicamente nueve entidades realizan puntualmente la entrega de capitales. Destacó que Veracruz es una de ellas y que el Congreso local tiene una ley que da autonomía financiera a su universidad.

Rodríguez Armenta mencionó que ahora que la Ley General de Educación Superior lo define, se debe pedir a los mandatarios estatales que aporten 50 por ciento de los recursos de las casas de estudios para que no se repita más en la historia de la universidad pública este tipo de situaciones.

Agregó que el gobierno de San Luis Potosí sólo entrega 10 por ciento de lo que debe; el de Yucatán, 11 por ciento, y el de Oaxaca, 12 por ciento.

Por su parte, el secretario general de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, afirmó que ha habido avances para las universidades que no cuentan con reservas para pagar prestaciones a sus empleados, pero la Confederación seguirá luchando por los intereses de los trabajadores.