Reclaman equipo, viáticos, seguro de vida, bonos...
Cambio de uso de suelo e incendios, advierte Flores Merker
Monterrey, NL., Ejidatarios del municipio de Linares, que exigen el pago de 25 millones de pesos por derechos de agua, amenazaron con paralizar por segunda ocasión las obras de la presa Libertad y dieron una semana de plazo al gobierno entrante de Samuel García Sepúlveda para que salde el adeudo.
Irapuato, Gto., Más de 30 organizaciones de la entidad manifestaron su preocupación al gobernador panista, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, por las amenazas que han recibido los ecologistas que ganaron un amparo para detener la construcción de la Torre de Especialidades Médicas en terrenos del Parque Irekua debido a las afectaciones al arbolado y aves en peligro de extinción.
Organizaciones de derechos humanos demandaron a los tres niveles de gobierno emprender acciones para agilizar la búsqueda de Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota, desaparecido el 5 de agosto de este año, por presuntos integrantes vinculados al crimen organizado.
Zacatecas, Zac., Dos wixárikas, de los seis que fueron privados de su libertad por presuntos integrantes del crimen organizado, el 22 de septiembre, en un tramo carretero entre Zacatecas y Jalisco, fueron localizados muertos, informó una familiar. Explicó que en total han localizados los cuerpos de cuatro indígenas, y aún se desconoce el paradero de los otros dos.
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec, El Parral y Emiliano Zapata interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Estatal Electoral contra decisiones del Congreso local, que nombró para esas demarcaciones concejos municipales por tres años, con el argumento de que no realizaron elecciones el 6 de junio pasado, por falta de condiciones
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Tlalnepantla, Méx., Las coordinaciones de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México y de la alcaldía de Tlalnepantla informaron que concluyó la demolición de 11 casas en la zona de desgajamiento del cerro del Chiquihuite, y aseguraron que no será destrozado ningún otro inmueble debido al desprendimiento de rocas ocurrido el 10 de septiembre, que provocó la muerte a cuatro personas y el desalojo de 286 familias.