Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará a resolver las impugnaciones promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de la oposición en contra de la inclusión de los delitos fiscales en el catálogo de ilícitos sobre los que se aplica prisión preventiva oficiosa, al considerarlos como una amenaza a la seguridad nacional.

Los quejosos impugnan las modificaciones hechas en noviembre de 2019 a las leyes de Seguridad Nacional, Federal Contra la Delincuencia Organizada y a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y al Fiscal de la Federación.

Entre otras cosas, estas reformas tipifican como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por más de 7.8 millones de pesos.

En junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en lo que va del actual gobierno ha detectado 4 mil 445 casos de empresas que han emitido comprobantes fiscales falsos, a las que se conoce como factureras, práctica utilizada para simular gastos operativos y así evadir impuestos.

En la acción de inconstitucionalidad 130/2019, la CNDH advierte que es desproporcionado calificar a esta conducta como delito contra la seguridad nacional y aplicar a los infractores la prisión preventiva de oficio.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la disposición aludida vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de presunción de inocencia, legalidad en su vertiente de taxatividad, de mínima intervención en materia penal (última ratio) y de proporcionalidad de las penas, añade la demanda.

La CNDH también argumenta que este tipo de castigos a los delitos fiscales constituye una grave restricción para el ejercicio pleno de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en convenciones internacionales.

Por su parte, la acción de inconstitucionalidad 136/2016, promovida por senadores de la oposición, entre ellos los panistas Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota; los priístas Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el perredista Miguel Ángel Mancera, señala que la prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla.

El proyecto de sentencia para ambas acciones fue elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas y aún no se hace público.

Aunque es poco frecuente que la SCJN invalide normas fiscales federales, en esta ocasión el tema implica la privación de la libertad, por lo que se espera un debate más a fondo.

Para que el pleno de ministros pueda invalidar las normas impugnadas se requiere una votación calificada de ocho de sus 11 integrantes.