l consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo ayer que el recorte al presupuesto de este organismo, propuesto por el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, pone en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato programada para abril del año entrante. Durante la sesión del Consejo General del INE en que se aprobaron modificaciones a los lineamientos de dicho ejercicio plebiscitario, el funcionario consideró preocupante que se busque reducir el presupuesto y llamó a la corresponsabilidad de otros actores del Estado en generar condiciones para su viabilidad, postura secundada por el consejero Uuc-kib Espadas.

Las declaraciones de los consejeros referidos y de otros de sus colegas parecen reproducir el mismo argumento maniqueo empleado desde que entró en funciones el actual gobierno federal: condicionar la organización de comicios y la certeza de los resultados electorales a que el Ejecutivo y el Legislativo se plieguen a perpetuar la entrega de recursos al más costoso de los organismos autónomos.

Entre los ejemplos más escandalosos de este dispendio del erario, cabe recordar la obstinación en construirse unas oficinas centrales de más de mil millones de pesos en medio de los recortes al gasto público aplicados el sexenio pasado; el derroche en aguinaldos, teléfonos celulares de alta gama y remodelación de instalaciones en el mismo periodo; el uso de nueve motocicletas Harley-Davidson para traslado de mensajería, paquetería y personal a bordo, o el trámite de juicios de amparo para mantener sueldos y canonjías violatorios de la Constitución. Este último aspecto se ha convertido en la exhibición con que 300 altos funcionarios del INE obedecen o ignoran las leyes según su conveniencia y desprecian la voluntad de los ciudadanos, quienes en 2018 eligieron un proyecto nacional basado en la austeridad de la administración pública.

Los consejeros deben cesar sus chantajes, formulados en nombre de una concepción hueca y burocrática de la democracia, para regirse, como siempre debieron hacer, por el sentido más auténtico del gobierno del pueblo: el acatamiento de la voluntad popular. Esta voluntad, hoy por hoy, les exige optimizar el uso de los limitados recursos públicos.