l lunes, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo en el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Bajo la consideración de que tales proyectos son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional necesaria para iniciarlos y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

El texto signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los titulares de su gabinete generó una condena unánime y estridente de las formaciones opositoras y de sectores críticos con la Cuarta Transformación. En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad por considerar que viola el artículo 134 constitucional, donde se define la obligación de manejar los recursos públicos con transparencia; aseveraron que busca blindar las obras de infraestructura contra el escrutinio público, y que el Presidente no tiene facultades para determinar que todas las obras públicas son de seguridad nacional.

La reacción de las bancadas de oposición está fuera de lugar. No sólo se han empeñado en llamar decreto –o incluso decretazo– a un acuerdo dirigido a los integrantes del Ejecutivo federal, sino que tratan de presentarlo ante la opinión pública como un intento de sustraer la acción gubernamental al escrutinio e incluso como un ataque a la división de poderes.

Esta versión es falsa, toda vez que el acuerdo no exime a ninguna dependencia de la obligación de obtener los dictámenes, permisos o licencias pertinentes en el ejercicio de sus funciones, sino que difiere los respectivos trámites a fin de quitar trabas burocráticas en la implementación de proyectos vitales para la reactivación económica, el desarrollo nacional, la generación de empleos y la protección del medio ambiente.

La ofensiva propagandística contra el acuerdo referido genera confusión en un debate público que debe estar guiado por la información y los argumentos. Asimismo, debe deplorarse que quienes pretenden disputar el poder por cauces institucionales incurran en alteraciones tan flagrantes de la realidad para posicionar su agenda. Lo que se publicó en el DOF es claramente una instrucción a las dependencias del Ejecutivo federal para que agilicen los trámites relativos a las obras públicas que realiza el gobierno, nada menos y nada más, y no introduce ninguna suerte de blindaje u opacidad en la ejecución de tales obras. Cabe esperar que la ciudadanía lo tenga claro.