as autoridades sudafricanas notificaron el miércoles pasado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, que ayer fue denominada ómicron y clasificada como preocupante por el organismo multilateral debido a su gran número de mutaciones y al hecho de que algunas de ellas sugieren que podría ser más contagiosa, así como resistente a los antígenos disponibles. Sólo horas después, se detectaron casos en puntos tan distantes entre sí como Botsuana, Bélgica, Israel y Hong Kong, lo cual provocó alarma en todo el mundo por el temor de que ómicron dé al traste con los esfuerzos de casi dos años para contener la propagación y las consecuencias económicas del Covid-19.

ictoria Rodríguez Ceja será la primera gobernadora del Banco de México, si así lo determina el Senado de la República. Esto es ya trascendental, pero, además, está en posibilidad de demostrar la utilidad de su experiencia en una institución que es clave para la estabilidad del país.

omo buen conocedor de la historia neoleonesa, Abraham Nuncio consigna que hoy el Poder Ejecutivo estatal se encuentra en manos de los expertos determinados por el Consejo de Nuevo León. Un organismo aparentemente ciudadano, responsable de trazar las líneas estratégicas de gobierno. Es tan evidente su poder que la abanderada de Morena en las pasadas elecciones se justificó de no presentar un programa de gobierno propio porque no era necesario. Bastaba con el del Consejo de Nuevo León. La calidad del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, califica la pertinencia de ese diseño estratégico que culminó en un periodo improvisado, corrupto y fallido ( La Jornada, 23/9/21). Durante ese gobierno, Nuevo León concentró el mayor número de empresas factureras en el norte del país ( Reforma, 27/9/21).

l 22 de noviembre el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que contiene un acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, que a todas luces se aparta de varias disposiciones constitucionales y contraviene otras de carácter legal. El acuerdo consta de tres artículos, pero lo estrecho de su tamaño no se corresponde con lo amplio y grave de su contenido. En su artículo primero el acuerdo señala de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.