l estado de Texas fue demandado ayer por el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden por redefinir la distritación electoral con el propósito de reducir la representación de las poblaciones negras, latinas y asiáticas, que son las que han experimentado un mayor crecimiento demográfico en la década reciente y cuyo número, sin embargo, no corresponde con su potencial en los comicios. Según el recurso del Departamento de Justicia, los nuevos mapas electorales circunscriben a esos grupos étnicos en distritos de formas irregulares, en tanto que conservan intactos los distritos en los que los republicanos cuentan con mayoría.

l 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (mejor conocida como Convención de Mérida), la cual fue firmada por nuestro país el 9 de diciembre de ese mismo y ratificada el 20 de julio de 2004.

iel a sus más rancias tradiciones, el autoproclamado ejército intelectual de la 4T en Nuevo León convocó a sus agremiados a participar en el Sorteo Navideño 2021. En lugar de defender a sus afiliados, optó por rifar dos automóviles Nissan, televisores, tabletas, celulares, microondas y electrodomésticos.

uy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener la definitiva. Salta la pregunta: ¿qué pasa si la resolución final es negativa y ya existen acciones con impactos irreversibles? Es evidente que el Ejecutivo federal no tiene facultades para modificar disposiciones de las leyes implicadas en sus proyectos de infraestructura y obviar los trámites y plazos establecidos en ellas, estableciendo en los hechos un régimen de excepción.