Autoridades y empresarios afirman que se debe crear una legislación que sancione la ciberdelincuencia y regule el uso de criptomonedas en las transacciones financieras, para impedir que grupos del crimen organizado lleven a cabo el blanqueo de capitales.

Durante el primer foro denominado La importancia de las tecnologías en el combate a la inseguridad, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), los dirigentes empresariales, así como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, y Carlos A. Tomala, viceagregado Jurídico de la oficina de la FBI en México, señalaron la importancia de establecer mecanismos de colaboración para evitar que la ciberdelincuencia pueda causar grandes daños a industrias, instituciones gubernamentales y a la ciudadanía con actos que afectan las operaciones productivas y financieras, los datos personales y la prestación de servicios públicos.

Mejía Berdeja señaló que el combate a ese delito, no sólo en México, sino en el mundo, si bien es parte del desarrollo tecnológico de la humanidad, es un tema que preocupa, porque nos ha vuelto más vulnerables en la distancia y el engaño, y debemos estar, no únicamente en el gobierno y el sector empresarial, más conscientes de estos riesgos para impedir, por medio de programas y medidas de seguridad, los ataques cibernéticos o acciones de estafa y extorsión en las redes sociales.

En tanto, el representante de la FBI expuso que en el gobierno de Estados Unidos se han ido construyendo mecanismos para evitar los ciberataques, ya que en esos ilícitos no hay fronteras y podemos ser víctimas desde un territorio vecino o el otro lado del mundo.

Refirió que mediante el Acuerdo Bicentenario, los gobiernos de Estados Unidos y México decidieron unir esfuerzos y compartir recursos y capacitación para reforzar las capacidades mexicanas y refinar los procedimientos de investigación contra ese flagelo. Expuso que sólo en territorio nacional, las autoridades estadunidenses han detectado 80 mil vínculos entre compañías establecidas en ambas naciones, y cuando una de ellas es vulnerada, los daños pueden extenderse a todas las asociadas en ambos territorios.

Durante el foro, el director general de política y desarrollo penitenciario de la SSPC, José Enrique Vallarta, explicó que la institución cuenta con una policía científica y cibernética que se encarga de levantar reportes sobre estas organizaciones criminales y se da seguimiento a todas las denuncias, aunque, reconoció, se necesita mayor capacitación para identificar a quienes cometen hackeos y fraudes a través de redes sociales.