l presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la estadunidense Vulcan Materials Company no está dispuesta a alcanzar acuerdos, su administración irá a tribunales nacionales e internacionales para presentar los elementos de prueba que demuestren la catástrofe ecológica provocada por su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica). Asimismo, sostuvo que su administración no permitirá que continúe el daño ambiental pese a las presiones del gobierno y legisladores estadunidenses a favor de la empresa.

Calica opera una planta de extracción de grava y otros minerales en un terreno de 3 mil hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, a la que el mandatario ha acusado en reiteradas ocasiones de haber causado severos impactos a los recursos naturales del Caribe mexicano y la pérdida irrecuperable del subsuelo. El pasado 5 de mayo, el gobierno federal clausuró las operaciones de Calica después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizara una visita de inspección durante la cual se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas. En respuesta, la compañía calificó de arbitrario el cierre e informó que tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales.

El lunes 23, el presidente López Obrador se reunió con el director ejecutivo de Vulcan, J. Thomas Hill, a fin de proponerle que la cantera se convierta en un espacio turístico con cuidado del ambiente, a lo que hasta ahora la empresa no ha dado respuesta. A ese encuentro también concurrieron el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, y el representante de México en Washington, Esteban Moctezuma.

El cabildeo del Ejecutivo y el Legislativo estadunidenses en defensa de los intereses de Vulcan es una nueva demostración de la hipocresía del discurso ambientalista enarbolado por gobernantes y personas de negocios del propio Estados Unidos, así como de otras naciones del Occidente global, en particular de Canadá y Europa. Esos mismos actores que toman la causa del medio ambiente como pretexto para dictarle al resto del mundo la manera en que debe conducir sus asuntos internos e imponerle políticas en el manejo de sectores estratégicos como el energético, abandonan sin rubor el ecologismo cuando se trata de dar la cara por los intereses indefendibles de sus trasnacionales extractivas.

Además de terminar con este injerencismo hueco, carente de cualquier preocupación real por el medio ambiente, esos agentes deben entender que en México, como en Latinoamérica y en todo el mundo en desarrollo, la lucha ambiental comienza por la defensa del territorio, pues no puede hablarse de protección al entorno sin una verdadera autodeterminación sobre sus recursos naturales.