Lunes 30 de mayo de 2022, p. 31
El programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Atlampa y diversas reformas en materia de género son parte de la lista de dictámenes que el pleno del Congreso de la Ciudad de México discutirá en la sesión ordinaria que realizará este lunes.
A unas horas de que el 31 de mayo concluya el periodo ordinario, los legisladores apurarán la aprobación de una decena de dictámenes rezagados o que recientemente fueron aprobados. Es el caso del programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Atlampa, cuya iniciativa fue enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para actualizar la regulación del uso de suelo en la zona, así como el rescate de espacios públicos y la construcción de un parque y una plaza pública.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Víctor Hugo Lobo, en el caso de Atlampa se propone una zonificación mixta, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la actividad comercial, de espacios públicos y vivienda. En este aspecto destacó que el proyecto es armónico con el Programa Nacional de Vivienda, a fin de incentivar la vivienda digna, adecuada e incluyente.
Respecto de las reformas en cuestión de género, se pondrá a consideración un dictamen donde se detallan las sanciones a quienes cometan violencia física, patrimonial, económica y obstétrica, entre otras. En materia de medio ambiente se plantea un proyecto para definir el concepto de empleo verde y sus alcances.
Entre los dictámenes que se prevé serán probados están los relacionados a entregas de medallas a los méritos periodístico, deportivo, internacional y juvenil.
Los diputados locales evalúan la realización de un periodo extraordinario de sesiones la segunda semana de junio.
Preparan reformas
La diputada de Morena Ana Francis López Bayghen presentó, junto con otras legisladoras, una serie de reformas a los códigos Penal y Civil que buscan garantizar el derecho de las personas, principalmente de las infancias, a recibir alimentos.
La propuesta, que podría ser aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, plantea reducir de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora alimentaria debe cumplir su responsabilidad, al considerar que incumplir con la entrega de alimentos a tiempo implica que los menores de edad no reciben los elementos necesarios para un sano y armónico desarrollo
La iniciativa propone sanciones de seis meses a tres años de prisión y una multa de 150 a 500 veces la unidad de medida y actualización, es decir, entre 14 mil 433 a 48 mil 100 pesos.