a sociedad mexicana fue informada ayer sobre la existencia de una red de corrupción cuyos integrantes no sólo usaban cargos públicos para enriquecerse, sino que al hacerlo ponían en riesgo la salud de millones de personas. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez, expuso que esta dependencia se encontraba secuestrada por grupos de interés que posibilitaban a empresas deshonestas marcar la pauta para la creación de las reglas de un juego favorable a sus bolsillos, todo ello en detrimento de la salud de los mexicanos.

De acuerdo con el funcionario, durante más de 20 años la corrupción dentro de la agencia operó en tres niveles, a los que denominó sótanos de oscuridad. El primero era el manejo discrecional de las solicitudes de autorización de las empresas mediante extorsiones a los peticionarios, lo que llevó a quienes poseían mayor poder financiero a asegurar ganancias extraordinarias debido a la falta de competencia en el mercado. El segundo nivel consistía en una red de extorsionadores disfrazados de funcionarios públicos, que exigían pagos a miles de empresas con la amenaza de clausurar sus actividades. El tercer sótano era en el que grupos de interés manejaban los hilos del comercio exterior y de la industria farmacéutica, con un cinismo tal que los operadores de la corrupción y los funcionarios públicos se reunían a plena luz del día al saberse protegidas por el manto de la impunidad.

Dichos sótanos metafóricos habrían sido desalojados con un operativo llevado a cabo en septiembre pasado por la Secretaría de Marina, que resultó en el cese de 32 funcionarios, desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, quienes fueron remplazados por personal avalado por la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar.

Estas revelaciones, aunque sin duda echan luz sobre la podredumbre que alcanzaron las instituciones en los gobiernos neoliberales, así como respecto a la connivencia entre el servicio público y el poder empresarial que los caracterizó, no constituyen una completa sorpresa. A finales del sexenio anterior, el entonces comisionado de Autorización Sanitaria de Cofepris, Juan Carlos Gallaga, fue cesado por pérdida de confianza junto a siete miembros de su equipo tras descubrirse que almacenaban expedientes y los ocultaban, evitando con dolo que se diera respuesta a trámites prevenidos, lo que provocaba que no se entregaran registros sanitarios autorizados en tiempo y forma. Este ejemplo, que remite precisamente al primer sótano de oscuridad referido por Svarch Pérez, muestra que desde tiempo atrás se conocía la presencia de elementos carentes de escrúpulos dentro de la instancia encargada de regular y vigilar todos los productos de consumo humano.

Si se considera que 4.5 de cada 10 pesos gastados en México corresponden a productos regulados por la Cofepris, puede entenderse no sólo la magnitud que adquiere toda expresión corrupta entre sus funcionarios, sino también la importancia de erradicar la deshonestidad en un organismo por cuyas manos pasan desde los alimentos que se consumen todos los días hasta los medicamentos más especializados y, en la coyuntura actual, las vacunas con que se ha buscado disminuir la gravedad de los síntomas causados por el covid-19. Cabe esperar que las medidas anunciadas signifiquen efectivamente el fin de los malos manejos en la Cofepris y la garantía de seguridad en el uso de los artículos que pasan por su supervisión.