esde el lunes 13, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene un paro nacional que, asegura, continuará hasta que el gobierno de Guillermo Lasso atienda un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que se cuentan la regulación del precio de productos agrícolas, la renegociación de las deudas de cuatro millones de familias con la banca y, de manera central, una reducción en los precios de los combustibles. Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el diésel subió 90 por ciento (a 1.90 dólares el galón) y la gasolina 46 por ciento (a 2.55), por lo que la Conaie y otros sectores sociales exigen que se rebajen a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente. El costo de los carburantes es un tema sensible para la sociedad ecuatoriana: en 2019, el ex presidente Lenín Moreno enfrentó una insurrección popular cuando decretó un plan de ajustes presupuestales que incluía un retiro de subsidios a los combustibles, lo cual implicaría un alza dramática de hasta 53 por ciento en el caso del diésel.

Como entonces hizo Moreno, Lasso recurrió a imponer el estado de excepción a fin de acabar con las manifestaciones, y sobre todo con el que ha sido el principal mecanismo de protesta: los cierres viales que ya se extienden a 17 de las 24 provincias del país. Sin embargo, ayer la Conaie continuó con los bloqueos en las tres demarcaciones donde se instauró el toque de queda, Pichincha (donde se ubica la capital, Quito), Cotopaxi e Imbabura. El presidente del organismo indígena, Leonidas Iza, respondió a la declaratoria del estado de excepción y al anuncio de algunas medidas paliativas por parte del mandatario diciendo que se ratifica la lucha a nivel nacional, de manera indefinida.

Hace menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional informó que las protestas sociales han aumentado en todo el mundo a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia. También alertó sobre el riesgo de que aumenten los disturbios a medida que crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos. Asimismo, reconoció que hay manifestaciones antigubernamentales grandes y de larga duración en economías avanzadas, donde los disturbios son relativamente raros.

Muestra de esto último es la marcha que tuvo lugar ayer en Londres, donde miles de trabajadores denunciaron el incremento en el costo de la vida y la inacción del primer ministro Boris Johnson, cuyo gobierno, a sentir de los quejosos, se ha concentrado en beneficiar a los ricos. De acuerdo con los sindicatos convocantes, los empleados británicos han perdido un tercio de su poder adquisitivo desde 2008, tanto por la inflación como porque los salarios no se han actualizado, lo cual significaría el mayor retroceso de los salarios reales en casi dos siglos. En un eco del descontento que se expresa al otro lado del mundo, una manifestante reclama que la mayor afectación a sus bolsillos proviene del alza en los precios del combustible.

Las élites política y empresarial de las economías avanzadas como de las que se encuentran en desarrollo deben escuchar el clamor social que hoy llega desde Ecuador y el Reino Unido, y que pronto podría generalizarse si no se toman medidas para evitar que la crisis inflacionaria se cebe sobre los sectores más desfavorecidos. Como ya se reclamó en Londres, proteger a las mayorías pasa necesariamente por propiciar una distribución más justa de los ingresos, es decir, por un cambio en el modelo neoliberal que se sigue aplicando en la mayor parte del mundo, pese a las contundentes evidencias de que no sólo no resuelve, sino que ahonda los grandes problemas de la desigualdad, la pobreza, la amenaza al medio ambiente y el desencanto con las instituciones democráticas.