n su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, establezca negociaciones con las industrias de más altos consumos hídricos en esa entidad a fin de que los reduzcan y que el agua pueda dirigirse a la red pública para aprovecharla en el consumo doméstico.

Tras recordar que la solución a la grave escasez del líquido le corresponden al gobierno estatal, el mandatario refutó los dichos de García en el sentido de que se ha dejado solo a Nuevo León en esta crisis, y dijo que el gobierno federal puede coadyuvar en la medida de sus posibilidades, sin quitar concesiones y sin sancionar a nadie, sino dejando de cobrar los derechos correspondientes a las empresas que acepten participar en un acuerdo general de reducción de sus consumos.

López Obrador destacó que el principio rector del arreglo es dar preferencia al consumo doméstico, porque en una situación de emergencia se tiene que priorizar y atender primero a la gente, no el agua para las empresas, y señaló que los empresarios ayudan cuando se trata de resolver circunstancias críticas, como la que padece actualmente Nuevo León y, en particular, su principal área urbana, Monterrey.

Debe recordarse, como elemento de contexto, lo que se ha señalado desde innumerables posiciones: que más que un problema de sequía, la raíz de la escasez de agua en la entidad norteña es la desigualdad y la injusticia en el reparto del agua, el cual ha sido establecido con criterios empresariales que han dejado en el último lugar de las prioridades el consumo hídrico para la población.

La propuesta del Ejecutivo federal representa sin duda una vía de salida para el acorralado gobierno de Samuel García, el cual no fue capaz de atender a tiempo los graves desequilibrios que recibió de las administraciones estatales anteriores en materia de distribución del agua, y que ahora no atina más que a responder con declaraciones destempladas y absurdas, como la afirmación del mandatario de que su entidad no ha recibido una sola despensa del resto del país.

Por lo demás, de ser atendido, el esquema de negociación esbozado por López Obrador puede resultar plausible para otras entidades cuyas poblaciones enfrentan una creciente escasez del líquido vital, y en las cuales se repiten las condiciones de Nuevo León: una entrega desmesurada de recursos hídricos a industrias –particularmente, a refresqueras y cerveceras– y a explotaciones agroindustriales que requieren un alto consumo de agua, como es el caso de los viñedos, el cual ha causado conflictos en la región de Parras, Coahuila, entre ejidatarios y la vitivinícola Madero, o el de una firma de lácteos que se empecina en seguir produciendo leche y sus derivados en una región seca de La Laguna.

Cabe esperar finalmente que, tanto en Nuevo León como en otros estados, las autoridades locales consigan redefinir las prioridades de uso del agua, que la sensatez y el sentido elemental de humanidad termine imperando y que los intereses corporativos sean capaces de refrenar su afán de lucro en pro de un bien mayor.