Madrid. Las autoridades marroquíes preparaban todo para enterrar sin autopsia, sin investigación judicial y sin que se verifique por parte de expertos independientes la magnitud de la tragedia que dejó muertos en la valla de Melilla, mientras desde la Unión Africana (UA) se levantó la voz ante lo que calificó como un tratamiento violento y degradante.

Lo ocurrido en la madrugada del pasado viernes en la frontera entre Melilla, España, y Nador, Marruecos, sigue teniendo muchas zonas oscuras hasta el punto de que aún es un misterio el número real de muertos.

Las imágenes que han ido revelándose en las redes sociales de lo ocurrido siguen provocando malestar y consternación, sobre el hacinamiento y el trato degradante que sufrieron los cerca de 2 mil migrantes subsaharianos, la mayoría procedentes de Sudán del Sur, un país en guerra, quienes recibieron golpes, pedradas y humillaciones de todo tipo por parte de la policía marroquí.

El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, expresó su conmoción y preocupación por el trato violento y degradante a los africanos en la frontera de Marruecos y España, y pidió una indagatoria inmediata sobre este asunto.

Recordó a todos los países su obligación escrita en leyes internacionales de tratar a los extranjeros en movilidad con dignidad y priorizar la seguridad y los derechos humanos, así como abstenerse del uso innecesario de la fuerza.

Por eso provocó indignación que horas después de la tragedia, la peor en la historia en la frontera entre ambos países, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, elogió la actuación y aseguró que el ataque a la integridad territorial de España se había resuelto bien.

Pedro Sánchez culpa a las mafias internacionales

Ayer mismo, en una entrevista con La Vanguardia, Sánchez ratificó sus palabras, a pesar del malestar que generó en su propio gobierno, al aseverar que nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la policía. También agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia.

En la posterior rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vocera Isabel Rodríguez señaló a las mafias internacionales como las responsables de la tragedia e impidió que la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la coalición de izquierdas Unidas Podemos, respondiera a las preguntas sobre la crisis migratoria, mientras ella sólo se limitó a asumir con la cabeza abajo y guardó silencio sobre el drama.

Desde la sociedad civil, alrededor de 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en la zona fronteriza firmaron un comunicado en el que exigen una investigación sobre las muertes en la valla de Melilla.

Entidades como Caminando Fronteras, Regularización Ya, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Alianza por la Solidarias, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, el Colectivo de Comunidades Subsaharianas en Marruecos o Solidary Wheels, denunciaron que lo vivido en la ciudad autónoma es un violento recordatorio del fracaso de las políticas migratorias basadas en la seguridad y el uso de la fuerza pública.

Los 27 muertos y los cientos de heridos tanto del lado de los indocumentados como de las fuerzas policiales marroquíes son el símbolo trágico de los protocolos europeos de externalización de las fronteras de la Unión Europea, con la complicidad de un país del Sur, Marruecos.

Advirtieron que la muerte de estos jóvenes africanos en los límites de la Fortaleza Europa nos alerta sobre el carácter mortífero de la cooperación en materia de seguridad para el flujo de personas entre Marruecos y España, al tiempo que alertaron de que las tragedias se producen cíclicamente y pueden volver a producirse, pues se actúa con total impunidad.

Reconocieron que no se sabe con exactitud del número de fallecidos; el gobierno marroquí sostiene que son 23, mientras otras organizaciones, como la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos aseguró que son 37 y otras, como Pateras de la Vida, advirtió que son 27, en tanto que el Colectivo de Caminando sin Fronteras habló de más de 40. Por eso insistieron en la urgencia de una pesquisa judicial independiente y que se realicen las autopsias para conocer las causas exactas de los decesos.

Añadieron que “las condiciones de la tragedia del pasado viernes se vienen sucediendo desde hace varias semanas.

Las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades de personas en movilidad en Nador y su región presagiaban este drama”.

Y denunciaron que desde hace más de un año y medio los migrantes de Nador no tienen acceso a medicamentos ni a atención sanitaria, sus campamentos han sido incendiados y sus bienes saqueados, sus escasos alimentos destruidos e incluso se ha confiscado la poca agua potable de la que disponen en los albergues.