La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas legales promovidas por el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, las cuales traspasaron a los municipios la deuda y administración del servicio de agua potable y les permitían privatizar su manejo.

Por mayoría calificada, el pleno de ministros determinó que al aprobar esta medida se violó el proceso legislativo.

En un primer momento, el pleno de ministros resolvió las acciones de inconstitucionalidad 119/2021 y 128/2021, promovidas por diputados estatales para impugnar el decreto 289, emitido el 29 de julio de 2021, por el cual se modificaron la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable y la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad.

El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, señaló que durante el proceso legislativo para aprobar este decreto no se cumplió con los términos del artículo 115 de la Constitución, que ordenan consultar a los municipios cuando se vaya a emitir alguna norma general que los afecte directamente.

El referido vicio de procedimiento incidió negativamente en los principios democráticos que debe observar el Poder Legislativo, al no dar participación a los municipios, a través de sus ayuntamientos, en la deliberación de reformas legales que tienen una injerencia directa en sus funciones constitucionales, violándose, por consecuencia, lo dispuesto en el artículo 115, explicó Pérez Dayán.

Ocho de los ministros del pleno votaron por reconocer estas violaciones al proceso legislativo, con lo cual se invalidó completamente el decreto 289, anulando todos sus efectos legales.

En consecuencia, las controversias constitucionales promovidas por los municipios de Mexicali, Tecate y Playas de Rosario para impugnar el mismo decreto fueron declaradas sobreseídas, puesto que ya se había fallado sobre la inconstitucionalidad de la reforma.

Los efectos de la resolución de la SCJN serán inmediatos, a partir de que se notifique al Congreso y al gobierno de Baja California.