Seis personas, entre ellas cuatro servidores públicos de la Oficina Central del Registro Civil, que tenían facultades para operar el sistema informático y las impresiones de documentos oficiales, en contubernio con sujetos que operaban afuera del inmueble –conocidos como coyotes–, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el uso indebido de documentos como actas de nacimiento, de matrimonio y defunción, pasaportes y títulos profesionales, así como manipulación de papeles para cambio de nombre y nacionalidad.

Después de una investigación de más de siete meses –en la que efectivos de la Fiscalía operaron de manera encubierta, de acuerdo con declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum–, se logró obtener de un juez de control una orden de intervención de comunicaciones privadas, lo que permitió identificar, ubicar y confirmar la colaboración entre funcionarios y gestores para la obtención de documentación original y apócrifa.

Los detenidos fueron identificados como Roberto N, adscrito al área de Atención Ciudadana; Alma Karen N, quien laboraba en la subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación; Guadalupe N, asignada en la jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis; Gerardo N, encargado del área de Sistemas Informáticos, quien fue detenido en flagrancia y encontrado con cientos de folios posiblemente alterados.

También fueron aprehendidos Francisco Javier N, propietario de una papelería ubicada a un costado del Registro Civil, y Beatriz Aidé N, ex servidora pública de atención en ventanilla.

Los trabajadores enfrentan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa, por lo que fueron trasladados al Reclusorio Norte y al penal de Santa Martha Acatitla, respectivamente, donde quedaron a disposición de un juez que definirá su situación jurídica.

Durante los cateos se hallaron indicios de documentos irregulares y con alteraciones, como actas de nacimiento, matrimonio, defunción, pasaportes, cartillas de salud, certificados de educación pública, sellos, candados de seguridad, un troquel para relieves del Instituto Nacional Electoral, computadoras, tabletas electrónicas y memorias.

A raíz de 30 denuncias que ha presentado la Consejería Jurídica y de Servicios Legales por presuntos actos de corrupción entre funcionarios del Registro Civil y coyotes, 23 personas están vinculadas a proceso penal.

Sheinbaum recalcó que estas acciones son parte de su política de cero tolerancia a la corrupción.