l informe rendido el jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no fue un mero trámite burocrático: se trató de la primera vez que el actual gobierno federal dijo a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos que no hay razones para pensar que sus hijos estén vivos. De manera inevitable, semejante noticia conmocionó a las familias, quienes no ofrecieron una conferencia al salir de Palacio Nacional, como habían hecho en ocasiones previas, y decidieron tomar tiempo para procesar el contenido del documento antes de fijar su postura.

De no menor impacto fue la admisión oficial de que integrantes del Ejército estuvieron al tanto de la situación durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y no hicieron nada para evitar un desenlace trágico, pese a que entre los jóvenes agredidos y luego desaparecidos se encontraba el soldado Julio César López Patolzin, infiltrado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para informar acerca de las actividades políticas de los estudiantes.

Interrogado acerca de si estas revelaciones suponen una mancha más para las fuerzas armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal comportamiento de una institución, sobre todo cuando se hace un deslinde de responsabilidades. Asimismo, consideró que se debilita a una institución cuando no se actúa con apego a la verdad y se permite la corrupción e impunidad, pero se le fortalece cuando se da a conocer la verdad y se castiga a los responsables. En este sentido, resaltó que de ninguna manera se da el caso por cerrado y que su administración garantiza que no se ocultará nada, que ofrecerá toda la información y dará todas las facilidades para que se vaya al fondo de las indagatorias.

Sólo horas después de dichas declaraciones, el ex procurador general de la República (2012-2015), Jesús Murillo Karam, fue detenido por elementos de la policía federal ministerial en su domicilio de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Como se destacó ayer en este espacio, quien fue titular de la extinta PGR en el primer tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto desempeñó un rol central en la construcción de la trama de encubrimiento denominada verdad histórica, y pasó a la historia por su infame frase muchas gracias, ya me cansé, con la que pretendió dar por terminada una ronda de preguntas tras presentar la versión oficial sobre los hechos de Iguala el 7 de noviembre de 2014. Por ello, se espera que su arresto suponga el inicio del fin de la impunidad de los altos mandos involucrados en el crimen por comisión u omisión, así como la posibilidad de conocer lo realmente ocurrido durante y después de la noche de Iguala.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ya había adelantado la existencia de una lista de 33 ex servidores públicos con órdenes de aprehensión por presumírseles algún grado de responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, y es de esperarse que en el futuro cercano más integrantes de ese catálogo sean puestos ante la justicia.

En medio de estos acontecimientos, es ineludible remarcar que el fin último de todas las pesquisas debe ser el esclarecimiento del paradero de los normalistas, reclamo central de las familias de las víctimas y de toda la sociedad agraviada por el ahora formalmente reconocido como crimen de Estado.