a Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer que la participación de militares y marinos en tareas de seguridad se extienda a 2029, y envió el dictamen a la Mesa Directiva, para que hoy se vote en el pleno, donde contaría con los votos a favor de Morena y aliados, así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en contra de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

La semana pasada, la bancada en San Lázaro había propuesto extenderlo hasta 2028, pero ayer la legisladora de ese organismo Cristina Ruiz Sandoval presentó una reserva para añadir un año más.

Debe recordarse que en 2019 el proceso de negociaciones y acuerdos entre las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión dio como resultado que la actuación de las fuerzas armadas se permitiera de manera provisional hasta 2024, en tanto se consolidaba la Guardia Nacional (GN) con mando civil.

A fin de evitar que en el futuro esta corporación padezca una deriva como la de la Policía Federal creada durante el sexenio de Vicente Fox, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a leyes secundarias, la cual fue avalada por el Senado el pasado jueves y deja en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la GN –cambios que quedarían respaldados con la minuta aprobada ayer en la Cámara Baja en caso de que ésta resulte aprobada en los plenos de ambos órganos legislativos.

Es cierto que originalmente el gobierno federal accedió al plazo de cinco años validado por el Legislativo y fue ejemplo de voluntad de diálogo y consenso entre oficialismo y oposición, pero también lo es que 2024 ya se encuentra a la vuelta de la esquina y la experiencia de estos años ha mostrado las dificultades de atajar el fenómeno delictivo.

También es un hecho que en este corto periodo la Guardia Nacional ha desarrollado capacidades y alcances territoriales con los que nunca contó la extinta Policía Federal, por lo que sería erróneo desandar lo avan-zado o, peor todavía, caer en un peligroso vacío.

Por otra parte, es importante precisar la naturaleza y función de la GN, que reside desde su origen en brindar protección a los ciudadanos: por descuido o de mala fe, se suele olvidar que en la presente administración la derrota de la delincuencia no está planteada en términos armados, sino mediante el combate a las causas raíz de la criminalidad, ubicadas en la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades.

Así, el despliegue sin parangón de programas sociales que buscan alejar a los jóvenes de la delincuencia y fomentar el bienestar en los sectores más vulnerables de la población es la estrategia para minar las bases sociales de la delincuencia y abatir esta problemática en el largo plazo; la presencia del Ejército, Marina y GN se concibe como un esfuerzo en lo inmediato para asegurar el estado de derecho y salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población.

Es necesario llamar a que los legisladores aprueben la iniciativa tal como se avaló ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues debe conjurarse el riesgo de dejar a los habitantes del país inermes ante la delincuencia por un quiebre en el proceso de consolidación de la Guardia Nacional.

Por lo mismo, el plazo fijado ahora no puede ser visto como inamovible, sino sujeto al grado de eficiencia y operatividad alcanzado por la Guardia Nacional de aquí a 2029.