ras una suspensión de más de cuatro años, el gobierno de Colombia y el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron las negociaciones de paz. El encuentro entre las delegaciones de ambas partes tuvo lugar la tarde de ayer en la capital venezolana.
Como se recordará, el presidente anterior, Iván Duque, ordenó la suspensión de los contactos con ese grupo insurgente como uno de sus primeros actos de gobierno, en septiembre de 2018. Con ello dio al traste a un proceso pacificador cuya fase exploratoria había empezado en 2015, al calor de la negociación que culminó con el histórico acuerdo de paz firmado en Bogotá por la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque tal acuerdo representó un avance fundamental para terminar con la prolongada violencia que ha azotado a Colombia desde principios de los años 70 del siglo pasado, han persistido en ese país sudamericano las razones sociales profundas que nutren al ELN, a remanentes de las FARC que se negaron a desmovilizarse y a organizaciones delictivas vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo. Con tales ingredientes, en diversas regiones rurales colombianas se han desarrollado violentas confrontaciones entre diversos grupos confrontados entre sí, además del persistente conflicto entre el ELN y las fuerzas armadas.
En ese contexto, la reactivación de las negociaciones entre el gobierno y la única organización reconocida como una insurgencia propiamente política resulta fundamental para avanzar en la pacificación del país y empezar a recomponer el panorama extremadamente descompuesto que caracteriza a las regiones que aún se encuentran azotadas por violencias de distinto signo.
Es pertinente recordar que una de las propuestas centrales del programa de gobierno que enarboló el ahora presidente Gustavo Petro en su campaña electoral fue la reactivación del proceso de paz, así como emprender una lucha consistente para atacar las raíces de la violencia. Significativamente, en su juventud el mandatario militó en una organización armada –el Movimiento 19 de Abril, M-19– que fue pionera en la determinación de negociar el desarme y la desmovilización y emprender, desde 1990, la lucha política y electoral. Fue una decisión preclara y a la vez trágica, porque cientos de sus militantes fueron asesinados por sicarios de la oligarquía, incluido su candidato a la presidencia, Carlos Pizarro.
Tres décadas después, el reinicio de las pláticas con el ELN es un hecho esperanzador. Cabe esperar que el proceso desemboque en la consecución de una paz que Colombia merece y necesita con urgencia.
