l secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, dijo ayer que el gobierno que representa se opondrá a los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania y a la anexión de ese territorio palestino que el régimen israelí ocupa ilegalmente desde 1967, donde mantiene una política de saqueo de recursos y cuya población vive sometida a una represión atroz y cotidiana.

ómo entender el empeño de un puñado de legisladores estadunidenses en su terca misión de llevar a juicio a Donald Trump y su banda de delincuentes, a contracorriente del laberíntico sistema legal de Estados Unidos y las mil y una tretas interpuestas para evitar que haya justicia. La respuesta más sencilla: es su obligación en consonancia con el juramento que hicieron de respetar y hacer respetar la Constitución. Nada más, nada menos. Para esos legisladores y los funcionarios del Departamento de Justicia que han tomado la estafeta de documentar y presentar los elementos necesarios para juzgar al señor Trump, y también a los delincuentes que intentaron un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, las trampas, los recursos jurídicos y las amenazas no han sido un impedimento para proseguir con su trabajo. Pero, además, un elemento importante a considerar en el cumplimiento de esa obligación han sido las supuestas cuestiones políticas sobre la conveniencia de hacerlo. No son pocos los que han pensado que es políticamente arriesgado continuar en la empresa de cumplir la ley llevando a juicio a Trump y sus adláteres. Cabe imaginar las consecuencias éticas e incluso morales de sacrificar la ley y la letra constitucional en aras de una efímera –como es la política en estos tiempos– ventaja de ignorar el deber. Los mismos que hoy gritan cacería de brujas son los que en un futuro no lejano los acusarían de irresponsables por no haber cumplido con su deber, anteponiendo la conveniencia política. Hay claras evidencias de que quienes han estado del lado de Trump y solapado sus trapacerías, están dispuestos a usar todos los recursos para atacar e incluso castigar a los osados legisladores que se atrevieron a juzgar a su mentor.

medida que nos acercamos a su fin, es posible aseverar, con cierto grado de certeza, que 2022 ha transcurrido como un año problemático, que de forma paulatina nos ha ido revelando la severidad del legado de la pandemia de covid-19. Tras dos años de incertidumbre y ansiedad colectiva, hemos despertado de un mal sueño para percatarnos de que hoy contamos con un mundo más frágil y desarticulado, marcado por sucesos geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales inconclusos, que anuncian un 2023 complicado y colmado de al menos cinco retos que merecen toda nuestra atención.

omo bien estableció el escritor uruguayo Eduardo Galeano, este mundo está patas arriba. La incansable luchadora social salvadoreña Vidalina Morales citó el libro con este título, cuando recibió el premio de derechos humanos Letelier Moffitt del IPS en 2009, en representación de la Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador, la cual, tras larga batalla, alcanzó en 2017 la aprobación de una ley de prohibición a la minería metálica en su país. Vidalina dijo que Pacific Rim –la minera canadiense que había demandado a su país por más de 300 millones de dólares– “además de incumplir requisitos ambientales y violentar leyes, sus exploraciones causaron daños ecológicos, pérdidas económicas, conflictos sociales y corrupción. Es decir, agredió al país y, por tanto, debe ser enjuiciada. Pero no, la empresa demanda al Estado. Se invierten los roles: el victimario (Pacific Rim) demanda a la víctima (El Salvador); la escuela del mundo al revés expuesta por Galeano.

a declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que México no importará ya maíz amarillo transgénico para consumo humano, ha causado gran revuelo en los últimos días por sus posibles impactos entre algunos industriales agrícolas de Estados Unidos y por sus efectos en relación con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

a historia del pueblo mapuche es la de una negación. Se dirá que lo mismo pasa y ha pasado con todos los pueblos originarios del continente. Sí, son 500 años de invasión y colonización permanente, hasta hoy que se le llama extractivismo. Antes fue cristianización, luego progreso. El nombre es lo de menos. Lo que importa es el despojo. El caso de la impostura bélica sobre los pueblos originarios en Argentina y Chile reviste crueles particularidades.