a detención y el encarcelamiento de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la legisladora griega Eva Kaili, acusada de recibir sobornos del gobierno catarí para influir en la política de la Unión Europea (UE), han causado un escándalo de grandes proporciones en el Viejo Continente. Tanto la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el jefe de la diplomacia de la unión, Josep Borrell, calificaron el caso de extremadamente preocupante; otros altos funcionarios de los países integrantes de la UE llamaron a emprender una investigación urgente y a un esclarecimiento inequívoco de las imputaciones. El régimen de Qatar, por su parte, se deslindó de los hechos y rechazó cualquier acusación de mala conducta.

A la espera de que se desarrollen y culminen los procesos legales respectivos, es pertinente señalar que la acusación en contra de Kaili –de filiación socialdemócrata– es cuando menos verosímil, habida cuenta que en un allanamiento a su vivienda se hallaron bolsas llenas de efectivo, poco después de que ella realizara un viaje al emirato, tras el cual se deshizo en elogios para con las autoridades de Doha.

En todo caso, la historia dista de ser única o excepcional. Hace poco más de una década, unos periodistas británicos se hicieron pasar por cabilderos del sector bancario y lograron que tres eurodiputados aceptaran legislar a favor de la banca privada a cambio de fuertes sumas de dinero. Los tres fueron procesados y condenados a penas de prisión en sus respectivos países.

La situación de Kaili resulta ilustrativa de la facilidad con la que la corrupción consigue penetrar los órganos legislativos en cualquier país del mundo e incluso en el bloque europeo, que se precia de espíritu democrático, transparencia y rectitud. No es ningún secreto que los intereses de las grandes corporaciones suelen mover a buena parte de los representantes y senadores de Estados Unidos hasta el punto de llevarlos a adoptar y mantener leyes aberrantes, como es el caso de las que permiten una libertad casi irrestricta para que los ciudadanos de ese país adquieran armas de fuego de alto poder, o el entramado legislativo que fundamenta el bloqueo criminal que se aplica en contra de Cuba desde hace seis décadas, y que no sólo resulta catastrófico para esa nación, sino que impide al empresariado estadunidense hacer negocios en la isla.

No es mejor la situación en América Latina: en Brasil, en 2016, la presidenta Dilma Rou-sseff fue depuesta por una conspiración de legisladores corruptos que la acusaron, precisamente de corrupción, un cargo que jamás pudo ser probado. Apenas la semana pasada, en Perú, Pedro Castillo fue derrocado y encarcelado por un Congreso caracterizado por la descomposición y el descrédito. Y en nuestro país hay sólidos indicios de que la reforma energética de 2013 promovida por Enrique Peña Nieto se aprobó mediante la compra de voluntades de diversos legisladores panistas.

Es sabido que los órganos legislativos fiscalizan mucho más de lo que son fiscalizados; que las inmunidades o fueros que se conceden a sus integrantes pueden servir de cubierta para ocultar toda clase de trapacerías o para eludir procesos judiciales y que existen interferencias constantes de los poderes empresariales en el trabajo de hacer leyes. Todo ello ha impulsado procesos de descomposición y desprestigio en parlamentos de los más diversos países. Y una de las razones por las cuales no ha sido posible erradicar las condiciones que facilitan la corrupción de legisladores en todo el orbe es que son precisamente ellos, los legisladores, quienes tienen la facultad de modificar esas reglas. En esta perspectiva, las democracias representativas y parlamentarias ostentan un fallo desastroso en su capacidad de autorregularse y de corregir su funcionamiento.