ras 18 meses de deliberaciones, el comité legislativo estadunidense, que investiga el intento de golpe de Estado que el ex presidente Donald Trump azuzó para permanecer en la Presidencia pese a haber perdido la elección de 2020 –y que culminó con el cruento allanamiento del Capitolio en Washington el 6 de enero del año pasado–, anunció que recomendó a los fiscales la presentación de cargos penales en contra del magnate neoyorquino. De esta manera, los integrantes de dicho comité –siete demócratas y dos republicanos– expresaron su deseo de impedir que una perturbación de esa magnitud se pueda presentar de nuevo en el sistema institucional del país vecino y de llevar a una conclusión dentro de la ley la intentona de Trump.

Entre los hechos dados a conocer por los congresistas, destaca que, en plena incursión en la sede legislativa, que dejó un saldo de cinco personas muertas y más de 140 policías heridos, el entonces mandatario se sentó en un comedor de la Casa Blanca para observar los sucesos por televisión, una reacción que muestra claramente la tremenda irresponsabilidad del republicano.

Cabe recordar que el esclarecimiento de lo ocurrido el 6 de enero se lleva a cabo en distintas instancias. En una de éstas, un jurado declaró culpables de sedición a integrantes de las turbas ultraderechistas que irrumpieron armados en el Capitolio; en forma paralela, se encuentran bajo la mira de la justicia las maniobras de Trump para trastocar su derrota electoral en victoria y para hacerla pasar como producto de un fraude; asimismo, hay una pesquisa en curso por la sustracción ilegal de documentos clasificados de la Casa Blanca por parte de quien fue su huésped principal entre 2017 y 2021, y por añadidura la empresa inmobiliaria de Trump fue declarada culpable de defraudar al fisco a lo largo de tres lustros.

Todo lo anterior es sin duda lo mínimo que se debe hacer en un estado de derecho ante el intento de alteración de la legalidad institucional y de delitos colaterales cometidos por el antecesor de Joe Biden en la Presidencia, pero no debe ignorarse que el acusado central es el principal referente para una diversidad de grupos racistas, supremacistas, armamentistas, ultraderechistas y simplemente paranoicos que desde hace décadas han acentuado su radicalismo e incrementado su presencia social, así como su peso en el escenario político estadunidense, hasta el punto de haber copado a buena parte de las estructuras y liderazgos del Partido Republicano.

En esas circunstancias, la perspectiva de llevar a juicio al ex presidente –lo que no tiene precedente en la historia de Estados Unidos– coloca una enorme presión sobre los eventuales fiscales y jueces, y sobre la institucionalidad en su conjunto. En cuanto a Trump, si fue capaz de dar un zarpazo como el del 6 de enero de 2021 con tal de permanecer en la Casa Blanca, cabe preguntarse lo que haría para evitar sentarse en el banquillo de los acusados o para no pisar la cárcel.

En suma, la resolución del comité investigador legislativo no debe verse como el cierre o la culminación de la más grave crisis política que ha vivido el país vecino desde su guerra civil del siglo antepasado, sino como el inicio de un nuevo capítulo en dicha crisis. Es claro que la desestabilización de Estados Unidos conllevaría turbulencias económicas y financieras en la propia superpotencia, en el resto del mundo y particularmente en México, habida cuenta del alto grado de integración entre las economías de ambos países. Cabe hacer votos, pues, para que la razón y la legalidad acaben por prevalecer, que por una vez en su vida el temperamental millonario anteponga los intereses de su país a los suyos propios, que enfrente las consecuencias de sus acciones y que se abstenga de provocar una confrontación social de gran escala.