a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer un recurso de reclamación presentado por el Poder Ejecutivo federal y votó por mantener en vigor una medida cautelar otorgada en septiembre pasado a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual deja sin efecto dos oficios de la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
Los documentos referidos forman parte de la estrategia para poner orden en el sector energético nacional y acotar el saqueo legalizado durante las administraciones neoliberales. En esencia, establecen que quienes usen el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), gestionado por Cenagas, deben adquirir el hidrocarburo en alguna de las empresas productivas del Estado, medida elemental para evitar que terceros se beneficien de un servicio costeado por todos los mexicanos. La disposición se revela urgente si se considera que los gobiernos anteriores contrataron un transporte que equivale a 3.4 veces la demanda máxima diaria de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministradas con gas natural, lo cual supone una erogación de la escala de miles de millones de pesos anuales por capacidad que no se usa.
Resalta que el amparo concedido a la Cofece en septiembre por el presunto perjuicio a la libre competencia de los oficios 100/195/2022 y UGTP/00434/2022 fue tramitado por la hoy presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, quien también se pronunció a favor de intereses oligárquicos al votar contra la constitucionalidad de la reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica. De este modo, se configura una alta probabilidad de que cuando la SCJN resuelva de fondo si las disposiciones citadas son constitucionales o no, lo haga en un sentido que cause un quebranto permanente al erario para favorecer a entidades privadas.
Con la presentación de la controversia constitucional contra Sener y Cenagas, Cofece ratifica que tanto ella misma como otros de los organismos denominados autónomos no tienen otro propósito que impulsar el desmantelamiento del Estado, los negocios privados con dinero público, y hacer prevalecer el poder de las grandes corporaciones por encima de la democracia. Al acompañarla en este designio, la Suprema Corte manda a la nación el preocupante mensaje de que, entre el bien público y el interés privado, se decanta por este último.
