La especulación inmobiliaria irregular ha llevado a la expansión urbana en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el gobierno mexicano ha sido omiso en la aplicación de la ley para proteger los recursos naturales, indica una petición de investigación ciudadana presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).

El 11 de enero pasado un estadunidense presentó la petición, en la que asegura que en San Cristóbal de las Casas hay un ecocidio integral, debido a la negligencia y el desinterés en el buen diseño de la expansión urbana de esta pequeña ciudad. Las primeras víctimas potenciales son los millones de colibríes que migran de Estados Unidos y Canadá cada año.

Las zonas rurales de San Cristóbal son hábitat del colibrí garganta rubí, así como de las variedades oreja violeta, mentón negro, pechuga esmeralda y otros, incluidas docenas de otras especies de aves migratorias y endémicas, en particular del motín azulado, que está en peligro de extinción.

El documento advierte que la destrucción de estos hábitats amenaza con la extinción a este increíble pájaro diminuto, así como a cualquier otra ave migratoria y endémica que dependa de lo que queda de este bosque para su supervivencia durante sus migraciones individuales.

Sostiene que los bosques están en peligro de destrucción total por urbanizaciones irregulares y no reguladas en zonas de conservación, por lo cual desde hace cinco años se han presentado demandas y amparos. Señaló que hay al menos cuatro proyectos que estarían en condición irregular: Santa María las Rocas, Peña Xulem, El Santuario y hoteles en Bosques del Sur.

La CCA resumió que el peticionario afirma que las autoridades mexicanas omiten la observancia de disposiciones contenidas en la Constitución y numerosas leyes federales orientadas a la evaluación de impactos ambientales, la conservación de los recursos forestales y la protección del medio ambiente.

Apuntó que, a decir del solicitante, las irregularidades observadas en los proyectos de vivienda y desarrollo urbano en un área de conservación suponen una amenaza para el hábitat y la supervivencia de estas especies aviarias. El secretariado de la CCA examinará la petición en un plazo de 30 días y determinará si cumple con los requisitos previstos en su normatividad para proceder a la investigación.