Lima. El Congreso de Perú aprobó ayer acusar constitucionalmente al depuesto presidente Pedro Castillo, y a sus entonces ministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, con lo que la Fiscalía Nacional podrá denunciarlospenalmente.

La resolución, aprobada con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, indica que se permite la querella contra Castillo porque presuntamente dirigía un círculo de corrupción, integrado por amigos y familiares, en la concesión de contratos de obras públicas, una hipótesis que también presentó la fiscalía el 11 de octubre pasado ante el Legislativo.

Los fiscales, encabezados por Patricia Benavides, investigan una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con los entonces ministros Silva y Geiner, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, empresarios y terceros, para favorecer en procesos de licitación pública al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías.

El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política, indicó el presidente del Congreso, José Williams, tras la sesión. Las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.

Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, pero fue desestimado por Williams.

Su abogado, Eduardo Pachas, defendió en la sesión que en el caso no se ha encontrado ninguna cuenta bancaria del ex mandatario con dinero de procedencia ilícita.

El ex mandatario está encarcelado en Lima desde el pasado 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.

La deposición del jefe de gobierno desató una ola de protestas en las que se pide la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la liberación de Castillo. La represión de parte de los elementos de seguridad contra los manifestantes y los enfrentamientos han dejado al menos 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

El gobierno aprobó dar un apoyo económico a los deudos de los fallecidos, sin que se especificara el monto, fechas de entrega ni la forma en la que se asignará tal indemnización.

Por la tarde, el Congreso, en su último día de la presente legislatura, aprobó sopesar el adelanto de las elecciones generales, sin especificar fecha.