yer se llevó a cabo la mayor movilización opositora en lo que va del presente sexenio. En esta capital y en otras ciudades, miles de personas salieron a las calles para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impida la entrada en vigor de las reformas aprobadas por el Legislativo en materia comicial, que apuntan básicamente a introducir una mínima eficiencia presupuestal en el Instituto Nacional Electoral (INE) y a reducir los costos que el régimen de partidos y los procesos electorales imponen al erario.

Debe celebrarse que grupos tan numerosos de disidentes hayan ejercido su derecho a la manifestación libre y pacífica sin ningún obstáculo y sí, en cambio, con la colaboración de las autoridades. Ello habla de la consolidación de un régimen de libertades y de una capacidad social e institucional de convivencia entre tendencias contrapuestas e incluso severamente enfrentadas en el terreno político.

Este hecho plantea la primera de varias paradojas de las manifestaciones realizadas ayer: interpretadas como decreto de extinción del organismo electoral –o, cuando menos, de su autonomía– las modificaciones legales referidas dieron pie a las consignas yo defiendo al INE, mi voto no se toca y otras similares, y las marchas fueron presentadas como parte de una lucha en defensa de la democracia; no faltaron, por los organizadores del acto y de muchos de sus seguidores, las advertencias sobre una supuesta deriva autoritaria o incluso dictatorial por parte de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tanto la vía legal en que fue instrumentado el llamado plan B del gobierno –con el respaldo de dos de los tres poderes de la Unión– como el irrestricto respeto a los derechos de los marchistas, hablan de algo que no puede llamarse talante autoritario o dictatorial, y que de ninguna manera auguran la construcción de una tiranía.

Esta falla en la lógica misma de la protesta fue subsanada mediante una insistente campaña de descrédito en contra del gobierno emprendida desde promontorios del poder empresarial y desde la alianza tripartita que se remonta al Pacto por México –después se llamó Va por México y hoy se presenta con la advocación Unid@s–, y amplificada por la mayor parte de los medios y comentaristas; tal orquestación busca torpedear cualquier intento de disminuir los enormes montos que se destinan a los partidos y a los procesos e instituciones electorales; es, en el fondo, la defensa de los órganos y procedimientos comiciales como todo un sector económico que por décadas ha derramado más que generosos recursos a agencias, despachos, asesores, consultores y también, desde luego, a funcionarios electorales y dirigencias partidistas.

En las redes sociales hay testimonios de asistentes a las marchas que, interrogados sobre las disposiciones de la frustrada reforma electoral y del plan B recientemente aprobado, manifestaron estar de acuerdo; es decir, desconocían las modificaciones contra las cuales protestaban. Este grado de desinformación –presente incluso en personas que dijeron tener estudios superiores– explica que los convocantes hayan conseguido altos niveles de asistencia.

Otra paradoja es que, aunque las protestas fueron invocadas con espíritu apartidista y ciudadano, esos convocantes pertenecen, en su mayoría, a las dirigencias o a los entornos de los partidos que conforman la coalición Unid@s. Más aun: son, en su mayoría, personalidades políticas destacadas del foxismo y del calderonismo, incluidos los propios Vicente Fox y Felipe Calderón. Resulta inevitable, en esas circunstancias, observar una total falta de asepsia en los propósitos de las marchas, pues en ellas se mezclaron reclamos de sectores de la llamada sociedad civil con intereses políticos del PRI, el PAN y el PRD, de gobernantes opositores y de figuras inevitablemente relacionadas con el historial delictivo de Genaro García Luna. Es el caso de Fox y de Calderón y de varios de sus ex colaboradores en las áreas de Gobernación, Seguridad Pública, procuración de Justicia y Función Pública.

Esas presencias protagónicas, aunadas a la carencia de propuestas nacionales significativas por parte de las oposiciones aisladas o coaligadas, hacen ver las manifestaciones de ayer como mero instrumento de golpeteo político en contra del actual gobierno, sin una sustancia clara de reclamo, como no sea volver al régimen que imperó hasta antes de 2018.

Pero el derecho a la protesta no está condicionado a la coherencia ni a la existencia de motivos reales y cabe congratularse que en el México de hoy esté mucho más vigente de lo que estuvo en los gobiernos anteriores.