Por considerar que es una resolución que invade las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejería Jurídica del gobierno federal anunció que explorará todas las vías jurídicas para combatir la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consideró inconstitucional el artículo transitorio de la reforma electoral que ordenaba la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina.

Al pronunciarse sobre la decisión, sostuvo que esta determinación de la mayoría de los magistrados del TEPJF se inserta en “una guerra jurídica (lawfare) contra la transformación de un marco normativo que en su momento fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico, en perjuicio del pueblo de México”.

En su pronunciamiento sobre la decisión de la sala superior, la Consejería Jurídica estimó que genera un conflicto competencial al interior del Poder Judicial, pues notoriamente invade facultades constitucionales de la SCJN y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar inconstitucional el decimoséptimo transitorio, relativo a la destitución del secretario ejecutivo del INE.

Destacó que los magistrados que avalaron el proyecto (Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Janine Otálora) forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelve asuntos que no son de su competencia y contradicen abiertamente los criterios de la SCJN, como ocurrió con la sentencia relativa al modo honesto de vivir (SUP-REP-362/2022), la cual tuvo que ser anulada por el alto tribunal mediante contradicción de criterios 228/2022.

La Consejería Jurídica recogió los argumentos de los magistrados Mónica Soto, Indalfer Infante y José Luis Vargas, quienes consideraron que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales del secretario ejecutivo del instituto electoral.

Esta situación hace patente la parcialidad con que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto, concluyó.