l gobierno federal anunció ayer que impugnará el fallo de Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que suspende la vigencia de las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión en materia electoral.

Mediante un comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Ejecutivo federal señala que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir, en referencia a que la decisión del togado referido fue respuesta a una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), atribución que la Constitución no permite.

El documento califica de preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los Poderes de la Unión. Asimismo, señala una grave anomalía de procedimiento en el fallo mencionado, por medio del cual un solo ministro de la SCJN dejó sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenó revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por ocho ministros.

En consecuencia, el gobierno federal anunció su intención de demandar al pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige.

Cierto es que la determinación del ministro Laynez es, por varias razones, contraria al marco legal, y lo más grave es que ocurre en un contexto en el que en el Poder Judicial parece fortalecerse la decisión de obstaculizar el ejercicio de gobierno de la presidencia obradorista y alinear a la SCJN con causas opositoras.

Así, desde que Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la SCJN y asumió ese cargo Norma Piña, se han venido acentuando los fallos absurdos y evidentemente ajenos a la legalidad emitidos por diversos tribunales.

Entre los casos más escandalosos están la cancelación de la orden de captura contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que hay imputaciones en su contra por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Asimismo, que el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal otorgó a Ovidio Guzmán López una suspensión provisional contra la extradición a Estados Unidos, adonde es requerido por acusaciones de narcotráfico, que Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, fue beneficiada con un amparo del décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa para suspender la congelación de sus cuentas bancarias; que el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat exoneró a Rosario Robles Berlanga, protagonista central de la llamada estafa maestra, por la que fueron robados alrededor de 8 mil millones de pesos del erario.

Por lo que hace al fallo del ministro Laynez, no sólo contraviene el principio de que la SCJN no debe inmiscuirse en asuntos de la esfera electoral, sino que coloca al Poder Judicial como aliado de la dirección saliente del INE, la cual actúa de manera cada vez más clara como coligado de los partidos opositores y adversaria política del gobierno federal.

Es claro, en todo caso, que el Poder Judicial está urgido de una reformulación y de una limpieza profunda, no sólo para introducir factores que permitan corregir los fallos desviados de jueces poco probos sino para restituir un funcionamiento armónico y verdaderamente equilibrado entre los Poderes de la Unión.