Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) retomará el análisis de los códigos de Justicia Militar (CJM) y Militar de Procedimientos Penales (CMPP), luego de que el pasado 14 de marzo el pleno rechazó una primera propuesta del ministro Luis María Aguilar, la cual proponía prohibir cualquier participación de civiles, aun como testigos o peritos, ante jueces del fuero castrense.

El ministro Aguilar presentará un nuevo proyecto, ahora basado en la incompatibilidad de varias disposiciones de la justicia militar con el artículo 16 constitucional, cuyo contenido garantiza que nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles o posesiones sin orden judicial; en lugar de argumentar los límites del fuero militar establecidos en el artículo 13 de la Carta Magna, principal argumento de su primer proyecto.

Con base en lo anterior, establece que quede como ley que los militares no puedan realizar técnicas de investigación, como la intercepción de comunicaciones privadas, sin que se establezca claramente que ésta no pueden incluir a civiles.

Así, por ejemplo, plantea declarar la invalidez de los artículos 81 Bis, fracción 7, y 83 fracción 13, del CJM, pues, aunque indica que estas técnicas de investigación se aplican respecto de hechos que se investigan probablemente cometidos por personal militar en el ámbito de competencia de la justicia castrense, no se hace explícito que la medida no debe afectar a civiles.

Certeza del fuero

El ministro Aguilar sostiene que la redacción de los mencionados artículos: lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación al límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense.

Para que la propuesta de invalidez planteada por Aguilar sea posible, será necesario que una mayoría calificada de ocho ministros la aprueben durante el análisis al que se someterá hoy.