Guatemala. Miles de indígenas y campesinos protestaron y bloquearon ayer carreteras en varios puntos del Guatemala, en demanda del fin de la corrupción y que la justicia permita la candidatura de la fórmula presidencial que postula a la líder indígena Thelma Cabrera, en el primer día de la campaña para los comicios generales del 25 de junio.

El partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que postula a Cabrera y Jordán Rodas para presidente y vicepresidente, respectivamente, fue excluido de la contienda por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La medida fue apelada y la Corte Suprema de Justicia realizó ayer una vista pública para conocer los argumentos de Cabrera y Rodas para ser inscritos.

Ayer empezó la campaña para la que 29 partidos políticos postularon a más de 31 mil candidatos a presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Varias organizaciones han criticado la poca transparencia y la falta de criterio jurídico para inscribir a los postulantes, así como la desigualdad en la aplicación de requisitos del TSE.

Fallo de la Coridh

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado guatemalteco frenar la aplicación de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordenó liberar a tres militares condenados por crímenes de guerra.

Para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Thiessen vs. Guatemala, pedimos se abstenga de ejecutar la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad, expone la Corte Interamericana en una sentencia fechada el viernes pasado y hecha pública ayer en San José Costa Rica, sede de la entidad.

El caso se refiere a la desaparición forzada en 1981 del niño Marco Antonio Molina Theissen, entonces de 14 años, y a la violación de su hermana Emma.

El pasado 6 de marzo la Corte de Constitucionalidad favoreció con un amparo a Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, tres militares de alto rango que fueron condenados a entre 33 y 58 años de prisión por delitos graves contra los hermanos.

Durante los 36 años de guerra en Guatemala entre la guerrilla izquierdista y el ejército, unas 200 mil personas murieron y otras 45 mil fueron desaparecidas.