Con aplausos, las fuerzas políticas celebraron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen para que deudores alimentarios y agresores no puedan ser funcionarios públicos ni candidatos. Los violentadores no pueden estar en la toma de decisiones si tienen una concepción hostil del mundo, expuso la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), autora de la iniciativa.

En la reunión, parlamentarias advirtieron que algunos legisladores se oponen a la medida. Y al votarse el dictamen, cinco panistas varones se abstuvieron: Humberto Aguilar Coronado, Jorge Triana Tena, Santiago Torreblanca, Jorge Espadas y Anuar Asad.

La reforma prevé agregar una fracción VII al artículo 38 de la Constitución a fin de que pierdan sus derechos políticos quienes reciban una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo sicosexual; por violencia familiar, violación equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por tener una declaratoria de deudor alimentario moroso.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, dijo que el texto es muy cuidadoso de no violar derechos, además de que la prohibición será durante el tiempo de la sentencia.

Sin dedicatoria

En favor de la reforma, la diputada Blanca Alcalá (PRI) resaltó que la se busca garantizar la elegibilidad e idoneidad de cualquier persona que pretenda acceder a un cargo público.

Que ningún agresor llegue al poder. Esta iniciativa no tiene dedicatoria a una o más personas, se trata de una medida disuasoria para recuperar la ética política en la democracia mexicana, desde el más modesto al más encumbrado de los funcionarios públicos, abundó.

Para reforzar la necesidad de la modificación, Joanna Felipe Torres (PAN) explicó que un agresor en la esfera personal también lo es en lapública. Tenemos que empezar a poner límites a lo que se realiza desde el ámbito privado para que se refleje en el público.

Aguilar Gil insistió en que en la Cámara hay diputados que no están de acuerdo. “Apostaban a que las mujeres no nos íbamos a poner de acuerdo, pero la realidad hoy supera el paradigma machista de que ‘mujeres juntas ni difuntas’. Esta reforma es un avance para la sociedad en general, porque hombres o mujeres pueden ser agresores y no pueden llegar a puestos de representación”, señaló.

La comisión también aprobó reformas para reducir la edad mínima para ser diputado y secretario de gabinete, de 21 a 18 años y de 30 a 25, respectivamente.

Asimismo, agregó el tráfico de armas de fuego al catálogo criminal previsto en el artículo 19 de la Constitución que amerita prisión preventiva oficiosa a quien resulte consignado ante un juez.

La propuesta fue turnada a la mesa directiva para su respectivo debate en el pleno.