Contrario a lo que actualmente fija la legislación en materia minera, esta actividad dejará de ser preferente y las empresas tendrán que realizar una consulta a las comunidades indígenas para establecerse; garantizar la seguridad física de sus trabajadores con riesgo de pena de cárcel en caso de incumplir, y tendrán la obligación de restaurar los sitios al momento de su cierre, señala la iniciativa de modificaciones de concesiones para minería y agua enviada por el gobierno federal.

Por su parte, la Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por académicos, organizaciones y pobladores, que desde hace cuatro años ha demandado el cambio de la legislación minera, señaló que el actual marco legal ha dejado pobreza, desplazamiento forzado y escasez de agua, entre otros problemas, señaló ayer en conferencia de prensa.

Consideró que la iniciativa recoge la mayoría de los puntos que ha planteado, como que la minería no debe ser de interés público, ni preferente sobre la conservación, agricultura campesina, y el acceso al agua de la población. Además, agregó, reduce el periodos de concesiones, como la mayor parte de los países, a un máximo de 30 años y no de un siglo, como ocurre actualmente.

Un documento de las secretarías de Medio Ambiente y de Economía, y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que resume el proyecto enviado esta semana a la Cámara de Diputados, presenta un diagnóstico en el que destaca que hay 23 mil 441 concesiones vigentes en 15.7 millones de hectáreas, que representan alrededor de 8 por ciento del territorio nacional, mientras sus aportaciones fiscales son de tan sólo 0.4 por ciento del PIB nacional.

Señala que hay 15 millones de hectáreas propiedad de 5 mil núcleos agrarios afectadas por concesiones mineras, y que entre 2013 y 2018, hubo 169 proyectos mineros detenidos por oposición de las comunidades.

Además, 19 por ciento de las concesiones para minería metálica están en acuíferos sobreexplotados, y de 23 mil 441 concesiones vigentes, 17 mil están en entidades con fuerte escasez de agua como Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa.

La iniciativa plantea que toda el agua utilizada deberá ser concesionada y prohíbe la transmisión de concesiones para este sector; pone fin a la especulación y prohíbe la minería en áreas naturales protegidas. Señala que a los propietarios de mineras que menoscaben la seguridad física de sus trabajadores se les impondrán penas de 5 a 10 años de prisión y multa de 5 por ciento de sus ingresos, más 10 mil veces la UMA al día; tan sólo de 2013 a 2023 se calcula que han muerto 270 mineros.