Señala: indispensable, revocar suspensión provisional del plan B

xcelente artículo de Pablo Gómez en el que da cuenta de la inconstitucional decisión del ministro Javier Laynez Potisek sobre la controversia del INE. Ciertamente, a la SCJN le está impedido explícitamente conocer de cuestiones electorales. Y más aún, al oprobio jurídico de Laynez se añaden dos aspectos fundamentales: incluir en un asunto tan grave la suspensión de todo el documento impugnado, cuando ni el propio INE lo solicitó; y para más aberración, que lo haya decidido él solo y no el pleno, ni de sala ni el de la SCJN. Por ello es indispensable que esa suspensión provisional sea revocada. El pleno de la SCJN también deberá tomar en consideración el probable conflicto de intereses de Laynez Potisek al involucrarse en un asunto emitido por AMLO, quien públicamente ha sido denostado por los ex presidentes Fox y Calderón, en cuyos gobiernos participó Laynez Potisek como alto funcionario público. No se puede excluir, por ello, un presunto ánimo parcial e insidioso hacia el actual Presidente AMLO, por lo que debió excusarse de conocer del asunto.

s un lugar común (y para algunos, simple retórica) afirmar que el imperialismo estadunidense es el enemigo de los pueblos del mundo. Sin embargo, la infinidad de métodos y técnicas, la compleja variedad de procedimientos que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para imponer su hegemonía no son conocidos con la profundidad debida. La imagen glorificada de las acciones encubiertas que el cinematógrafo y los medios de comunicación masiva se han encargado de difundir es sólo una muestra manipulada y reducida de las actividades de su enorme aparato planetario de vigilancia y represión.

a discriminación más extendida, practicada y legalizada en el mundo es la que se practica en función de la nacionalidad. El principio de igualdad de todas las personas ante la ley tiene un agujero negro cuando entra en escena el pasaporte o el lugar de origen, y ni en las más elogiadas democracias del mundo se otorgan los mismos derechos a un oriundo del país que a un extranjero. El caso más palpable es la libertad de tránsito, un derecho humano utópico que está presente en convenciones internacionales y en constituciones nacionales pero que ningún gobierno respeta; en los hechos, la capacidad de cruzar libremente las fronteras de una nación está limitada, en el mejor de los casos, a quienes pueden ostentarse como nativos o naturalizados, y condicionada al resto de los seres humanos al cumplimiento de diversos requisitos: pasaporte, visa, pago de derechos, comprobación de solvencia económica y demás. La comunidad internacional viene de una consigna no tan lejana de dar muerte al extranjero y parece dirigirse –ojalá– a la convicción de que es necesario matar a la extranjería como (des)calificación de determinadas personas.