ras conocer que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Minera, raudas brincaron a la palestra (#las minas no se tocan; #todos somos Larrea-Bailleres-Slim) las plañideras profesionales, es decir, los comentaristas de la derecha para divulgar versiones catastrofistas sobre el futuro del sector y subrayar la clara intención estatizante del Ejecutivo para retornar a tiempos ya superados.

A la par, pañuelo en mano, la Cámara Minera de México (Camimex, organismo privado al servicio de los barones del sector), sufre por los importantes impactos y consecuencias no sólo para la industria minera y demás relacionadas, sino también para la economía nacional y el bienestar social del país. En vía de mientras, los integrantes del Poder Judicial ya se frotan las manos, porque el jugoso negocio de los amparos tiene nuevo filón.

¿En serio es clara la intención expropiatoria y estatizante del Ejecutivo, o su propuesta apunta a poner orden en un sector de la economía que sólo beneficia a un grupito de barones mexicanos y a las trasnacionales canadienses –más una que otra de nacionalidad distinta–, y que nada aporta al bienestar social, como llora la Camimex, especialmente en las zonas extractivas?

A lo largo de más de tres décadas, el régimen neoliberal entregó concesiones –siempre a los mismos de siempre– que amparaban 120 millones de hectáreas, es decir, 60 por ciento del territorio nacional. De ellas, los barones obtuvieron –lo siguen haciendo– miles y miles de millones de dólares en utilidades netas hasta acumular fortunas de ensueño, sin que en ese periodo se registrara beneficio alguno para el erario y mucho menos bienestar social para los mexicanos, a menos que por él entiendan los constantes derrames tóxicos y los brutales daños ecológicos causados por los corporativos.

Millones y millones de hectáreas concesionadas a precio verdaderamente ridículo: en el presente año, 8 pesos por cada una de ellas durante el primer bienio de vigencia, y 188 pesos a partir del décimo. Este monto, amén de ser ínfimo, no ha variado en términos reales (descontada la inflación) cuando menos en el transcurso del presente siglo. Además, los barones de la minería todo lo quieren gratis: pagan una mínima tasa fiscal (de acuerdo con el SAT, 5.51 por ciento por el oro; 6.78 por ciento por plata y 7.98 por ciento por cobre, cuando lo legal es 35 por ciento), sin considerar que durante décadas el gobierno les devolvió impuestos en monumentales cantidades, ergo, no pagaron impuestos. No hay que dejar a un lado que año tras año la Ley Federal de Derechos deja en claro que por regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras el erario recibe cero pesos, cero centavos.

En contraparte, a lo largo del presente siglo la fortuna de Germán Larrea se incrementó 2 mil 800 por ciento, mientras que la de Alberto Bailleres (murió y heredó el imperio a sus hijos) creció cerca de 600 por ciento, y contando, en ambos casos. Difícil imaginar que esa descomunal riqueza proviene de la empresa Cinemex y de los enjuagues en el Hipódromo de las Américas, o de El Palacio de Hierro y el criadero de toros de lidia, respectivamente, es decir, del expendio de boletos y palomitas para ver una película o de la venta de ropa de firma y la taquilla de la Plaza México. Así, barones como estos lejos, muy lejos están de aportar al bienestar social que tanto presume la Camimex.

Como si fuera poco, el dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, ha denunciado que muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado.

Entonces, de ese tamaño es el bienestar social que procuran los barones.

Las rebanadas del pastel

¡Qué menjurje!: ayer, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recibió a la cúpula del Consejo de la Comunicación, que se presume como la voz de las empresas al servicio de las grandes causas mediante intensas campañas propagandísticas. ¡Claro!, cómo olvidar aquella que patrocinó, ilegalmente y en contubernio con Fox y Calderón, en el proceso electoral de 2006 para sabotear la candidatura presidencial del propio AMLO. Pero ahora, sonriente, se presenta en la sede del Ejecutivo.

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