espués de la matanza más reciente en Estados Unidos, esta vez en un centro comercial de Allen, Texas, que dejó saldo de ocho muertos y siete heridos, el presidente de ese país, Joe Biden, exhortó al Congreso a elaborar una ley en la que se prohíba la venta de fusiles de asalto y cargadores de alta capacidad a civiles, haga obligatoria la verificación de antecedentes de quienes deseen comprar un arma, exija a los poseedores su almacenamiento seguro y ponga fin a la inmunidad de la que gozan las empresas fabricantes de armamento. Todo ello, con el propósito de evitar actos de violencia sin sentido como el del sábado pasado en Allen, el episodio 199 de esta clase en lo que va del presente año.

Por desgracia, el llamado del mandatario no tiene ninguna posibilidad de ser acatado por el Legislativo, en el que los republicanos partidarios del armamentismo civil han bloqueado sistemáticamente, desde hace décadas, todo esfuerzo por dotar al comercio de armas de fuego de un mínimo marco regulatorio que al menos reduzca las probabilidades de que un fusil de asalto o una pistola semiautomática llegue a manos de personas desequilibradas.

Su argumento central es la Segunda Enmienda constitucional del país vecino, en la que se asienta: Una milicia bien organizada, que es necesaria para la seguridad de un estado libre, no se debe infringir el derecho de las personas a guardar y portar armas.

Es un disparate, sin embargo, asumir ese derecho como un absoluto, así como pretender que el precepto referido no necesita de una ley normativa y de una actualización: la Segunda Enmienda data de finales del siglo XVIII, cuando no había más armas de fuego que las de un solo tiro y requerían, para ser activadas, de una preparación previa de cada disparo. Así, en las circunstancias en las que Thomas Jefferson redactó la norma, habría sido imposible que alguien perpetrara una masacre como las que tienen lugar hoy día en Estados Unidos en calles, escuelas, iglesias, complejos comerciales, centros culturales y deportivos o domicilios privados y que en el presente año han tomado un ritmo de más de una por día.

El impacto de esta violencia en el país vecino es devastador: sólo en 2021, por ejemplo, murieron 10 veces más estadunidenses por heridas de armas de fuego (45 mil, incluyendo suicidios) que los soldados de esa nacionalidad muertos en la guerra de Irak (4 mil 497) entre 2003 y 2011. Pero el hecho de que en el país vecino cualquier persona pueda adquirir un artefacto como los fusiles tipo AR-15 sin más requisito que una verificación en la base de datos policial y una identificación (o incluso sin ellas, cuando las ventas se realizan en ferias y exposiciones) tiene gravísimas consecuencias más allá de sus fronteras: es un hecho comprobado que siete de cada 10 armas en poder de los grupos delictivos mexicanos proceden del mercado estadunidense, donde la permisividad hace posibles las compras al mayoreo destinadas a esas organizaciones. Se calcula que año con año cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 200 mil.

Lo más exasperante es que, como se refirió antes, el exhorto de Biden al Capitolio no tiene futuro: la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), partidaria de mantener el armamentismo civil sin control alguno, gasta ingentes cantidades de dinero en financiar campañas electorales para la presidencia, el Congreso y las gubernaturas estatales, así como en desacreditar a políticos partidarios de controlar las ventas de armas.

Pero a fin de cuentas, detrás de la NRA no están sólo los ciudadanos que desean seguir guardando y portando armas –que sin duda son millones– sino también, y sobre todo, los grandes consorcios que fabrican y comercializan los instrumentos de muerte. Y la responsabilidad de todos ellos –políticos, líderes de la NRA y empresas armamentistas– tienen una responsabilidad central e ineludible por las muertes cometidas en masacres como la del sábado pasado en Allen, Texas, y por el aumento en el poder de fuego de las organizaciones delictivas en México y Latinoamérica.