l poderoso Grupo Proyecta, dueño del megafraccionamiento Lomas de Angelópolis, presentó una nueva solicitud para construir el complejo City Lomas Ocoyucan en el área conurbada de la capital poblana. De llevarse a cabo, el desarrollo conllevaría la tala de 300 mil árboles en 273 hectáreas de Santa María Malacatepec, municipio de Santa Clara Ocoyucan, aunque la empresa sólo reconoce que se matarían 181 mil ejemplares. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya negó en dos ocasiones la autorización para que se cambie el uso de suelo, puesto que el área colinda con la reserva estatal Sierra del Tentzo y el Humedal de Valsequillo, pero ello no ha frenado la ambición de los constructores por hacer de un bosque de encino y una selva baja caducifolia un barrio cercado con 9 mil 900 casas para personas de alto poder adquisitivo.
Los pasos tomados por Proyecta para sacar adelante City Lomas constituyen un manual del modus operandi de los grandes desarrolladores inmobiliarios (así como de empresas mineras, energéticas y de otros rubros) para apropiarse de grandes superficies de tierra, destruir un valor ecológico que beneficia a todo el planeta y convertirlas en fuente de lucro para unos cuantos. De modo evidentemente fraudulento, Rafael Posada (presidente del consejo de Proyecta) y habitantes de Angelópolis se convirtieron en ejidatarios
de Malacatepec, una práctica usada para distorsionar la voluntad de las comunidades y hacer pasar las imposiciones corporativas como resultados democráticos. Asimismo, se ha cooptado a una parte de los ejidatarios para que operen como agentes de los desarrolladores, intimidando y amenazando a quienes se resisten a ceder sus tierras a City Lomas. Esta estrategia da grandes réditos a las empresas, pero no pocas veces desemboca en tragedia cuando los pobladores azuzados por ellas acometen actos de violencia contra sus vecinos.
Se trata de un patrón en que la destrucción ambiental y el desgarramiento del tejido social configuran las primeras externalidades
de desarrollos inmobiliarios que no se diseñan para solucionar los graves problemas de acceso a la vivienda que aquejan a buena parte de la población urbana, sino para el lucro y la especulación. Este último aspecto es de los más indignantes, pues buena parte de las construcciones que se hacen a expensas del medio ambiente ni siquiera son ocupadas por sus propietarios, sino empleadas como reserva de capital.
Este tipo de proyectos se repite por todo el país, y está signado por una completa irracionalidad que lleva a impulsar urbanizaciones en suelo forestal o en regiones donde es claro que no existen las condiciones para sustentar grandes aglomeraciones humanas. Campos de golf, lagunas artificiales y albercas en zonas semidesérticas forman parte del catálogo de sinsentidos que se promueven para atraer clientes sin reparar en las consecuencias a mediano y largo plazos.
Cabe esperar que, en el caso puntual de City Lomas Ocoyucan, la Semarnat mantenga firme su negativa y ponga la protección del medio ambiente por encima de consideraciones mercantiles obtusas y engañosas. Debe rechazarse la falsa disyuntiva entre crecimiento económico o preservación ecológica, pues se encuentra ampliamente demostrado que el daño causado al ambiente tiene repercusiones cuyas principales víctimas son siempre los sectores más desfavorecidos.
