El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el decreto emitido la tarde del jueves para que los proyectos estratégicos de infraestructura sean considerados de seguridad nacional y de interés público tiene como objetivo blindar estas obras ante el embate del bloque conservador y hasta de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, rechazó que el nuevo decreto haya sido para burlar la decisión que el mismo jueves tomó el máximo tribunal para invalidar el acuerdo de noviembre 2021, en el que se daba ese carácter a las obras de infraestructura federales.

Son cosas distintas, aun cuando, sí, es protegernos hasta de la Corte por lo que estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la Corte, remarcó el mandatario.

Recordó que hay grupos opositores, como Mexicanos contra la Corrupción, financiados por el gobierno de Estados Unidos, que quieren contrarrestar todo lo que hacemos.

Señaló que el nuevo precepto es distinto al anterior, pues el de 2021 blindaba la construcción de las obras ante la lluvia de amparos que buscaban frenarlas; mientras el nuevo blindará al Tren Maya, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.

Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional, aun cuando ya prácticamente está por terminarse la obra. Es que hay una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida la Corte.

Descartó que el decreto sea ilegal o un desacato a la SCJN, pues el Ejecutivo federal y Consejo de Seguridad Nacional tienen la facultad para emitir este tipo de mandatos. Consideró su decisión no sólo un asunto de seguridad nacional e interés público, sino también de soberanía, de política y de bienestar social.

No tiene nada que ver (con de-sacato), es otra cosa, es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos politiqueros.

Interrogado sobre si se vuelve a impugnar ante la Corte este nuevo decreto, el jefe del Ejecutivo federal respondió: No, pero si lo hacen, pues también legalmente vamos a proceder. Nada al margen de la ley.

Al apuntar contra sus opositores, afirmó que ante la preocupación por estos proyectos de infraestructura se tomó la decisión de emitir el decreto.

Y denunció: Hay un despacho de la organización de Claudio X. González, donde está (Fernando) Gómez Mont, donde está (José Ramón) Cossío, un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara (Gerardo Carrasco) y es el que ha presentado todos los amparos. Todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que les siguen dando.

El mandatario garantizó que habrá transparencia a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos que se están ocupando para la construcción de estos proyectos.

“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra; es decir, no quieren que se sepa nada. No, la ASF está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras.

Pero sí tenemos que proteger esas obras porque estos incesantes, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. Tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense, los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos, apuntó.