En el primer trimestre de este año sólo una de cada cuatro muertes violentas de mujeres se investiga con el protocolo de feminicidio, según cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim).

Lo anterior significa que tras dos años y seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las fiscalías estatales deben investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, en los hechos casi no se sigue este protocolo.

Los datos de esta comisión indican que los estados con mayor rezago en investigar con perspectiva de género son Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Baja California, pues la tipificación del delito no lo establece como feminicidio.

Percibimos la profunda desigualdad respecto a las investigaciones de muertes violentas de mujeres. Tenemos estados con 100 por ciento de sus investigaciones iniciadas con el protocolo de feminicidio, casos de Coahuila y Tlaxcala, mientras en Baja California, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato ni 10 por ciento de las muertes violentas de las mujeres se investiga como feminicidio, señaló la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano. Estas diferencias en el uso del protocolo de feminicidio, advierte, dificultan el acceso y la reparación del daño a las víctimas.

La Conavim también detectó que en 13 de las 25 alertas de violencia de género que tiene el país se determinó la responsabilidad de crear las unidades de análisis y contexto de violencia feminicida, las cuales tienen como objetivo identificar los factores de riesgo y perfilar a los perpetradores para evaluar el nivel de peligro que representan.

Actualmente sólo existen ocho unidades de este tipo y están ubicadas en la Ciudad de México, Chiapas, el estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sonora, por lo que la Conavim impulsará la creación de éstas en el resto del país.

Alanís Sámano también reprobó y calificó de inaudito que a la fecha todavía haya entidades que no tienen una fiscalía especializada en feminicidios, además de que únicamente en ocho entidades con alerta se establece como recomendación revisar los casos de muertes violentas de mujeres y en 16 se pide realizar diagnósticos especializados en feminicidio.