A 32 años del incendio y explosión de la productora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz, S. A. (Anaversa) en Córdoba, Veracruz, que ocasionó una tragedia química ambiental, la población afectada sigue sin atención, hubo quienes desarrollaron diversos tipos de cáncer, los mantos freáticos se contaminaron y aún no hay remediación para el lugar.

El 3 de mayo de 1991 se incendiaron en la planta 38 mil litros de sustancias tóxicas, compuestos peligrosos y prohibidos en otros países, pero permitidos en México, y resultaron afectadas 50 mil personas. A partir de ese momento hubo una cadena de omisiones del Estado con el fin de proteger intereses del gran capital, que se esconde detrás del manejo de agrotóxicos en el país, señaló Rosalinda Huerta, presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados de Anaversa.

Ahora pide que las autoridades dispongan la remediación ambiental para romper la cadena de omisión y complicidad de todos los gobiernos neoliberales. Si este gobierno no atiende el reclamo, no será ningún otro, advirtió.

Alrededor del predio sigue la vida, hay viviendas y funcionan las escuelas, pero ya murieron muchos de los antiguos habitantes.

Huerta indicó en entrevista que éste es un caso con una estela de complicidades. El predio de la fábrica sigue abandonado, sin definirse con claridad su estatus jurídico, pero hace un mes se vio que movieron escombros y tierras sin que las autoridades dijeran nada.

En la planta se producían plaguicidas altamente peligrosos, como el malatión, paratión metílico, paraquat y pentaclorofenol, estos dos últimos prohibidos en otros países.

La activista dijo que el sitio donde operó la planta durante 30 años se desatendió de manera irresponsable y criminal. Agregó que, a pesar del tiempo transcurrido, la polución ha continuado debido a la permanencia en el subsuelo de dioxinas, como resultado del incendio.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, las dioxinas y furanos forman parte de un grupo de contaminantes orgánicos persistentes, es decir que no pueden degradarse. Son subproductos de procesos industriales que se generan, por ejemplo, en la elaboración de herbicidas y plaguicidas, así como en la incineración de desechos sólidos y hospitalarios. Tienen elevada toxicidad y pueden ocasionar diversos tipos de cáncer.

Huerta agregó que lo más grave es que nunca hubo remediación, no obstante que se hizo una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con Jorge Carpizo al frente, y en la que señaló como responsables al entonces gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, y al secretario de Salud, Jesús Kumate.

En un evento realizado el pasado 3 de mayo en Córdoba, Ramón Rocha, investigador de salud, recordó que el gobierno de aquel momento dijo que el accidente no había ocasionado muertos y que sólo habían surgido de la imaginación. Sin embargo, señaló que pueden estimarse alrededor de 2 mil muertes que eran prevenibles, si las circunstancias políticas hubieran sido distintas.

Añadió que datos oficiales indicaron un aumento de los tumores malignos entre la población en 22 por ciento y un crecimiento de 80 por ciento de las insuficiencias renales crónicas al siguiente año de la explosión. Además, en 1994 crecieron las anomalías congénitas en 76 por ciento y los trastornos en el embarazo en 300 por ciento.