Washington. Alejándose de una crisis de incumplimiento de pago, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche un proyecto de techo de deuda y un paquete de recortes presupuestarios, luego de que el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, formaran una especie de coalición bipartidista de demócratas y republicanos centristas para hacer contrapeso a los conservadores y la disidencia progresista.

Cinco días antes de la fecha límite fijada por el Tesoro para evitar un impago, el acuerdo para elevar el techo de deuda de 31.4 billones de dólares fue avalado por la Cámara de Representantes en una votación dividida de 314 a 117. El proyecto pasará al Senado, que deberá aprobarlo antes de la fecha límite del lunes.

Para que el proyecto pasara se necesitaba una mayoría de 218 votos, que minutos antes de concluir la sesión se pudieron alcanzar.

Hubo 71 republicanos y 46 demócratas que votaron en contra de la medida. Pero la mayoría de los legisladores evaluó que el acuerdo alcanzado era mejor que la alternativa: un trastorno económico devastador si el Congreso no actuaba.

Más temprano, el republicano Kevin McCarthy predijo que la votación tendría éxito. Se va a convertir en ley, indicó a periodistas.

En Twitter, el presidente Joe Biden subrayó lo que estaba en juego en caso de fracasar: Nuestro acuerdo presupuestario bipartidista evita la peor crisis posible: un impago por primera vez en la historia de nuestra nación, una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas y millones de empleos perdidos.

Por semanas, los negociadores trabajaron hasta altas horas de la noche para llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, mientras McCarthy buscó apoyo de los escépticos.

La legislación suspende –en esencia elimina temporalmente– el límite de endeudamiento del gobierno federal hasta el primero de enero de 2025. Este plazo permite a Biden y al Congreso dejar de lado esta cuestión políticamente arriesgada hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

También limitaría parte del gasto público en los próximos dos años, aceleraría el proceso de concesión de permisos para determinados proyectos energéticos, recuperaría los fondos covid-19 no utilizados y ampliaría los requisitos de trabajo para los programas de ayuda alimentaria a nuevos beneficiarios.

Los republicanos de línea dura querían recortes más profundos y reformas más estrictas.