Sao Paulo., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió ayer la inversión en grandes proporciones en educación pública, al afirmar, por ejemplo, que, al contrario, el mayor gasto del país se lo lleva el pago de intereses al sistema financiero de la deuda pública.

Gasto es pagar una tasa de interés de 13.75 por ciento anual para el sistema financiero del país, aseguró el mandatario durante un acto en Sao Bernardo do Campo, estado de Sao Paulo (sureste).

Lula volvió a criticar la alta tasa de interés fijada por el Banco Central (BC) para cumplir la meta de inflación de 3.25 por ciento anual para 2023. El Banco Central, autónomo del Poder Ejecutivo desde 2021, es comandado por Roberto Campos Neto, designado por el ex presidente Jair Bolsonaro, quien defiende enfriar la economía para evitar presiones inflacionarias. Con la tasa de 13.75 por ciento, reciben más dinero los tenedores de bonos soberanos brasileños.

Es una inversión a favor de la élite gobernante, todo lo que es ganancia es gasto. La salud es gasto. Bueno, la salud es una gran inversión. Todo el mundo sabe cuánto cuesta a las arcas del Estado un enfermo. Y cuánto puede producir, trabajar y aprender una persona que goza de perfecta salud, aseguró.

Lula participó ayer de la inauguración de un nuevo edificio en la Universidad Federal del ABC, en Sao Bernardo do Campo, una delas regiones más industriales de Brasil, que albergará el bloque delaboratorios Zeta.

En tanto, varios líderes de la lucha indígena en Brasil, entre ellos el cacique Raoni Metuktire, llamaron ayer al presidente Lula a vetar un proyecto de ley para limitar la demarcación de tierras indígenas que, a su juicio, representa un genocidio aprobado ya por los diputados, dijo en lengua kayapó el nonagenario Raoni a la Afp en París, traducido por su sobrino Bemoro Metuktire.

La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo un proyecto que limita la demarcación de tierras indígenas a las ocupadas en 1988, cuando se promulgó la actual Constitución, y que ahora debe someterse al voto del Senado.

Esta aprobación, impulsada por diputados afines al agronegocio y opositores al Ejecutivo, supuso un revés para las promesas ambientales del presidente Lula, quien anunció la demarcación de nuevas reservas de tierras indígenas.

En Brasil hay 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio aún no han sido demarcados.