La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto que permitiría al ex senador del PAN Jorge Lavalle Maury –único acusado por el caso Odebrecht que ha sido detenido–, ampliar el periodo de investigación complementaria de su juicio, con el fin de obtener pruebas a su favor.

Lavalle Maury es uno de los señalados por el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por presuntamente haber recibido dinero para aprobar la reforma energética de 2013, que permitió la inversión privada en ese sector de la economía.

El ex legislador fue detenido en abril de 2021 y vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 97 millones 190 mil pesos.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria; sin embargo, su defensa solicitó una prórroga de otros 90 días, que le fue concedida.

Posteriormente, los abogados de Lavalle Maury pidieron una nueva ampliación, ya que buscan recabar información financiera de Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014, y que según Lozoya fue testigo de la entrega del dinero.

La nueva prórroga fue negada debido a que el artículo 321 de Código Nacional de Procedimiento Penales señala que la investigación complementaria no debe exceder de los seis meses.

El ex senador promovió por ello el amparo que llegó hasta la Suprema Corte, donde tocó en turno a la ministra Margarita Ríos Farjat examinar el caso.

En su proyecto de resolución, señala que el artículo del Código Nacional de Procedimiento Penales es constitucional, pues persigue administrar justicia de forma pronta y expedita como lo estipula el artículo 17 de la Constitución.

Sin embargo, añade que en juicios penales complejos es procedente ampliar los términos para recabar pruebas de descargo. Menciona que el expediente tiene más de 100 mil fojas, divididas en siete tomos y 71 anexos.

Sólo en casos que reúnan condiciones excepcionales, como las explicadas en líneas anteriores, dichos plazos pueden ser válidamente ampliados hasta en una mitad más del máximo de su duración, pero únicamente para garantizar el ejercicio de la defensa, señala el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat.

De aprobarse la propuesta, programada para votarse el próximo miércoles, será la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una interpretación del artículo 321 del Código Nacional de Procedimiento Penales.