El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar atención prioritaria a la solicitud del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que se le permita sesionar con su pleno incompleto, hasta en tanto se nombre a los tres comisionados faltantes.

Dicha solicitud de atención prioritaria es una facultad que tienen el jefe del Ejecutivo federal y los presidentes de las cámaras legislativas para pedir al máximo tribunal que acelere la resolución de un asunto, por considerar que tiene trascendencia para el orden jurídico nacional.

El requerimiento de Creel quedó registrado en el alto tribunal bajo el expediente 1/2023, y ya se le dio trámite, según un acuerdo publicado en estrados electrónicos. En consecuencia, requiérase a la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien fue designada como instructora en la controversia constitucional 280/2023, y al Ministro Javier Laynez Potisek, designado como ponente en el recurso de reclamación 229/2023-CA derivado del incidente de suspensión de la controversia 280/2023, para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente, informen el estado que guardan los referidos expedientes, señala el acuerdo.

Alejandro Armenta (Morena), presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente y del Senado, sostuvo que no hay dilación frente a la instrucción del Poder Judicial en cuanto a la elección de comisionados del INAI, por lo que no temen una sanción. Nosotros estamos en plena disposición, cumpliendo en la medida de lo racionalmente posible. En esos términos informamos al juzgado que estamos complementando y cumpliendo su resolución, señaló en conferencia de prensa. En mayo pasado, el INAI promovió la controversia constitucional 280/2023 por la falta de nombramientos para ocupar las tres vacantes de su consejo, el cual, al quedarse con sólo cuatro integrantes, no alcanza el quorum requerido por la ley.