Entre 2021 y lo que va de 2023 hay al menos 25 casos identificados con características de abuso sexual infantil organizado en primarias privadas y públicas del país, refiere la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

En su reporte Ya no es un secreto, señala que se han identificado casos en 11 estados del país, y las entidades con mayor número son la Ciudad de México (siete), Jalisco (cuatro), estado de México (tres), Oaxaca (dos) y Morelos (dos).

La ODI, que ha dado acompañamiento y representación jurídica a algunos afectados y por tanto ha tenido acceso a carpetas de investigación y a las víctimas, menciona entre las características del ilícito que se agrede en grupo, hay múltiples adultos presentes durante el abuso, existen actos de encubrimiento de personal escolar, hay adultos que facilitan los delitos, uso de disfraces y empleo de cámaras durante el hecho y existen indicios de sedación.

Añade que uno de los grandes retos que ha enfrentado esta investigación desde el inicio es la falta de información completa que permita conocer con detalle las dinámicas a partir de las cuales sucedieron los abusos. La información pública a la que se ha tenido acceso es parcial, incompleta y muchas veces está fragmentada. Esto ha impedido visibilizar la dimensión del fenómeno de abuso sexual infantil organizado en las escuelas.

Añade que “la mirada de las autoridades que investigan los casos se limita al hecho que expresamente se ha señalado por la denuncia, por lo que en general se centran en el abuso sexual.

Este enfoque limitado ignora, invisibiliza o restringe la investigación de otras variables que pueden estar presentes y que podrían implicar otros delitos, como la explotación sexual, incluida su faceta digital y trata, entre otras”.

En cuanto al encubrimiento, sobre todo de las autoridades educativas, explica que se oculta información sobre los hechos y las dinámicas de violencia de las que fueron víctimas las niñas y niños, así como evita que las denuncias trasciendan a otras instancias, lo que limita el registro y acceso a los detalles de esos hechos.

Asimismo, denuncia que las diversas autoridades involucradas en la atención e investigación de estos delitos no registran toda la información, sólo trabajan sobre aquellos que consideran necesarios para el servicio que ofrecen. Esa información parcial e incompleta no permite que la atención sea integral ni tener un panorama completo de la problemática para generar soluciones reales.

La ODI denuncia que en general los directivos escolares intentan desincentivar la denuncia, por lo que hablan con familiares con la finalidad de convencerlos o amenazarlos, y así pretenden manejar el caso de manera interna, sin que trascienda.

Critica que en diversas ocasiones las comisiones de derechos humanos o las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes estatales no registran que los abusos ocurrieron en las escuelas.