ntegrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) denunciaron que el juez federal Álvaro Niño Cruz dejó en libertad a Ismael N, policía estatal a quien se le acusa de haber asesinado a Óscar Nicolás Santiago en el contexto del fallido desalojo ordenado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) en 2016. De acuerdo con los integrantes de Covic, el juzgador protege al uniformado pese a los elementos de prueba de que accionó su arma de fuego contra una de las seis víctimas mortales de bala en el operativo de las policías federal y estatal en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.
No es la primera vez que Niño Cruz libera a personas acusadas de crímenes graves: en noviembre del año pasado, apeló a un tecnicismo para dejar impunes a dos sujetos que fueron detenidos por elementos de la Marina cuando traficaban con 600 kilogramos de cocaína en Santa María Huatulco.
Debe recordarse que la masacre de Nochixtlán fue objeto de un encubrimiento semejante al que después se desplegaría en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Casi dos meses después del violento ataque contra los pobladores y los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no se había presentado en el lugar de los hechos para recabar las pruebas pertinentes.
Además de mantener en completa impunidad a los agresores, las autoridades emprendieron una persecución implacable contra los sobrevivientes y su entorno social: los primeros avances
en la investigación consistieron en integrar expedientes por robo de uniformes, armas y equipo antimotines; ataques a las vías generales de comunicación y daños a instalaciones y vehículos oficiales o resistencia de particulares, entre otros. Al frente de la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán se nombró a la entonces senadora panista Mariana Gómez del Campo, representante del ala más extrema de ese organismo derechista y abierta promotora de criminalizar y reprimir a los docentes que se mantenían en resistencia a la embestida contra los derechos laborales del magisterio, disfrazada de reforma educativa por los partidos del llamado Pacto por México, PRI, PAN y PRD. Profesores y habitantes que sobrevivieron a las cargas policiales fueron sistemáticamente hostigados e incluso sufrieron atentados armados para obligarlos a desistirse de la lucha para preservar la educación pública.
Con este telón de fondo, es evidente que poner en libertad a uno de los acusados de la salvaje represión contra los maestros democráticos y la comunidad que se solidarizó con ellos revictimiza a los afectados, y pone en riesgo la integridad física de los sobrevivientes. Con este acto, el Poder Judicial parece tomar el relevo de los funcionarios y políticos que en el sexenio pasado usaron sus cargos para garantizar impunidad a los responsables materiales e intelectuales de la masacre que el lunes 19 llegará a su séptimo aniversario.
