El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, luego de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, y aseveró que su gobierno continuará actuando contra los jueces que no se conducen con rectitud.

La Fiscalía General de esa entidad informó el sábado que un juez de control dictó prisión preventiva por un año contra Sánchez Hernández, del juzgado 18 del distrito judicial de Cosamaloapan, quien fue detenida la mañana del pasado viernes por elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

El 3 de junio, la juzgadora ordenó liberar en una hora a Intel N, presunto homicida del diputado local priísta Juan Carlos Molina Palacios, cometido en noviembre de 2019 en Veracruz, aunque sigue preso por otra causa.

Tras la aprehensión de Sánchez Hernández, quien aseguró hace unos días que fue víctima de una detención ilegal y arbitraria, así como de tortura sicológica, el mandatario estatal morenista afirmó que la jueza se extralimitó e incurrió en delitos.

Interrogado sobre si respalda la postura de Cuitláhuac García, López Obrador dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional: Sí, claro que sí la respaldo, y nosotros vamos a hacer lo mismo.

Agregó que las denuncias hechas por la jueza serán atendidas por el Poder Judicial. Opinó que muchos magistrados y ministros no actúan con rectitud y honestidad. Autorizan libertades a presuntos delincuentes de maneras atípicas. Por ejemplo, esta jueza ordenó que se liberara a un presunto homicida considerado parte de la delincuencia organizada y da a los encargados del penal un plazo de una hora para liberarlo.

Indicó que ha solicitado a su equipo que se realice una revisión del ejercicio de los jueces, pues algunos toman como excusa para liberar a presuntos delincuentes cualquier falla en los expedientes y no se apegan a lo que señala la ley respecto a los delitos graves.

Expuso que podría sancionarse a los agentes del Ministerio Público que no integran adecuadamente las carpetas de investigación, pero opinó que dichos errores son un pretexto, una excusa para la corrupción de los jueces.

En contraparte, la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, dijo por separado estar sumamente consternada por la detención de la jueza Angélica Sánchez. No habíamos visto de manera pública una persecución tan arbitraria y grave contra una juzgadora por haber cumplido con una sentencia de amparo, subrayó.

En entrevista, calificó de terrible este caso y señaló que se privó de la libertad a la funcionaria cuando ni siquiera hay una declaratoria de vinculación a proceso por delitos que no tienen la mayor trascendencia, si es que existieron, porque desde mi punto de vista no hay delito que perseguir en este caso. Lo cierto es que se abusa de la prisión preventiva. Vemos que se puede usar como una herramienta de persecución política.

El fin de semana un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a Sánchez Hernández por su presunta responsabilidad en delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y se espera que su situación jurídica se resuelva en la audiencia de este miércoles.