n La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, fue asesinado ayer junto con tres policías estatales que lo protegían Hipólito Mora, ex dirigente de los grupos de autodefensa formados hace una década por agricultores para hacer frente a los atropellos que perpetraba el grupo delictivo conocido como Los caballeros templarios. El cuádruple homicidio tuvo que ser perpetrado con armas de muy alto poder, toda vez que Mora viajaba en su camioneta blindada, la cual fue incendiada por los agresores.
El crimen tiene una larga historia detrás. El 10 de diciembre de 2006, a sólo 10 días del inicio de su cuestionado paso por el poder, Felipe Calderón lanzó en la región de la tierra caliente michoacana el Operativo Conjunto que marcó el inicio de una inaudita violencia gubernamental que fue conocida como guerra contra el narcotráfico
. Pero, lejos de debilitar a los cárteles de la droga, éstos se multiplicaron, se empoderaron y diversificaron sus actividades al calor de la estrategia calderonista. Michoacán, junto con extensas zonas del país, se hundió en confrontaciones interminables y confusas entre múltiples bandos: los grupos delictivos enfrentados, las fuerzas armadas, la Policía Federal y las corporaciones policiales estatales y municipales.
A posteriori, resulta inevitable ver como factores fundamentales de este desastre los vínculos del entorno calderonista –empezando por el su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– con el crimen organizado.
Las extorsiones, los robos de tierras y las incursiones armadas de Los templarios en diversas localidades de Tierra Caliente como Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec condujeron, a inicios del sexenio siguiente, a la conformación de grupos de autodefensa por parte de agricultores y habitantes de la región. Dos de sus principales dirigentes fueron Manuel Mireles e Hipólito Mora. El gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió administrar el conflicto por medio de su enviado a Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien osciló entre simular apoyo a los autodefensas y perseguirlos judicialmente. De hecho, tanto Mireles como Mora fueron encarcelados en distintos momentos con base en acusaciones falsas.
El movimiento de autodefensas acabó desintegrándose, en parte por la descomposición surgida en sus propias filas, y en parte por la persecución gubernamental. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con las organizaciones delictivas, a las cuales se agregó, en el escenario michoacano, el cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizó cruentos enfrentamientos con Los templarios. Así, la población de la zona quedó en un estado de indefensión que perdura hasta la fecha. Si Mora, que contaba con protección de la policía estatal, fue alcanzado por sus victimarios, para el resto de los habitantes la situación es desoladora.
El cambio de paradigma operado a partir de diciembre de 2018 en materia de seguridad pública, si bien ha logrado reducir significativamente los indicadores delictivos en el ámbito nacional, no ha sido suficiente para reconstruir la seguridad pública en entidades como Michoacán, gobernado por Morena, o Jalisco y Guanajuato, con gobiernos de oposición.
En este contexto, y con estos antecedentes, resulta evidente la urgencia de apurar el paso en tales estados en el despliegue de la Guardia Nacional, intensificar y extender la aplicación de los programas sociales federales y avanzar en los procesos locales de construcción de la paz. En lo inmediato, el homicidio de Hipólito Mora y de sus tres escoltas debe ser esclarecido y los responsables, presentados y sometidos a proceso.
