l juzgado decimoprimero de distrito en materia civil en la Ciudad de México notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del acuerdo de enajenación de bienes de Mexicana de Aviación, acto que vuelve definitiva a irreversible la compra de la marca, así como de algunos de sus inmuebles, por el gobierno federal.

El 7 de enero pasado, el Ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador alcanzó un acuerdo con los representantes de los ex trabajadores de la aerolínea, desaparecida en 2014, para adquirir sus activos por 817 millones de pesos. Estos recursos habrían de repartirse entre los antiguos empleados y jubilados a fin de resarcirles una parte del enorme pasivo laboral legado por sus anteriores dueños.

Sin embargo, un pequeño grupo de ex empleados (229 de más de 6 mil 500) se inconformó con los términos del trato y exigió un monto mayor, maniobra alentada por dos abogados que amenazó con hacer naufragar la venta hasta que un tribunal declaró improcedentes sus reclamos.

Con la notificación emitida ayer se cierra uno de los pasajes más agraviantes de la época neoliberal. Mexicana fue vendida a particulares durante la administración del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), rescatada con dinero público a través del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro, hoy Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB), posiblemente el mayor fraude perpetrado contra la nación en toda su historia moderna, reprivatizada por menos de la cuarta parte de su valor por el gobierno de Vicente Fox Quesada, y llevada a la quiebra de manera turbia por su último dueño, Gastón Azcárraga Andrade.

La cercanía del magnate con los ex presidentes panistas es la explicación más plausible para el trato de favor que se le dio a Azcárraga antes, durante y después de su paso por la aerolínea. Al entregársela, Fox hizo que el Estado absorbiera todos los pasivos existentes, y tanto él como su sucesor fueron omisos ante las reiteradas señales de que la compañía era operada mediante prácticas ilegales, como la falta de notificación de sus transacciones bursátiles y de la abultada deuda que fue contrayendo pese a haber reducido en 35 por ciento las prestaciones de los trabajadores desde que la adquirió.

La autoridad no hizo esfuerzo alguno para cobrar los adeudos fiscales ni para sancionar la continua evasión de impuestos. Cuando Mexicana cesó sus operaciones en agosto de 2010, la administración calderonista se movilizó tanto para garantizar impunidad a Azcárraga como para impedir que la compañía fuera reflotada por nuevos inversionistas, a pesar de que la aerolínea disponía de una posición envidiable en la industria aeronáutica: al momento de cerrar, controlaba 37 por ciento el tráfico aéreo nacional, un porcentaje tan elevado que, cuando cesó sus operaciones, ni todos sus rivales juntos pudieron hacerse cargo de los pasajeros a los que dejó varados.

Asimismo, contaba con 2 mil 700 slots (horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos), cuyo valor fue calculado en 108 mil millones de pesos por los representantes gremiales. Por ello, desde hace más de una década se ha especulado que la quiebra de Mexicana fue no sólo permitida, sino alentada por Felipe Calderón y sus allegados a fin de favorecer a otros actores de la industria.

En dicha trama jugó un papel destacado el secretario del Trabajo del calderonato, Javier Lozano Alarcón, quien maniobró para disuadir a los trabajadores de que presentaran reclamaciones legales desde un inicio, con el bulo de que el gobierno negociaba un inminente reflote de la línea aérea de bandera.

Con el antecedente de esta cadena de afrentas contra el patrimonio nacional y el equipo de pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra, es de saludarse el esfuerzo de las autoridades actuales para hacer una mínima justicia a los ex empleados y devolver al país su participación en este sector estratégico del que nunca debió haber salido.

Cabe desear la mejor de las suertes a la empresa reconstituida.