l subdirector de la agencia antidrogas estadunidense (DEA), Louis Milione, renunció a su cargo luego de que una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de empresas farmacéuticas vinculadas a la crisis de sobredosis de analgésicos opioides, el mayor problema de salud pública de ese país. De acuerdo con las revelaciones, Milione hizo carrera en la DEA durante 21 años, pero en 2017 se convirtió en consultor privado, periodo en el cual testificó a favor de una gran distribuidora acusada de no reportar miles de pedidos de opiáceos. La agencia se desistió de cualquier acción contra esa firma. El ex funcionario también cobró 600 dólares la hora por asesorar a Purdue Pharma en varias demandas judiciales que la señalan como una de las compañías que se enriquecieron con la venta sin control de estas sustancias, antecedente de la epidemia de drogas como el fentanilo.

Purdue no es un actor cualquiera en el sector farmacéutico. Se le considera ampliamente responsable de poner en marcha la actual crisis cuando comercializó su producto estrella, OxyContin, el cual fue publicitado como si se tratase de un fármaco inocuo. El año pasado, llegó a un acuerdo que la obliga a pagar 6 mil millones de dólares y a ofrecer una disculpa pública por el dolor que ha causado. Los Sackler, la familia propietaria de Purdue, fueron homenajeados durante décadas con la designación de edificios y becas educativas en su honor, distinciones que se retiraron cuando se reveló que continuaron lucrando con OxyContin pese a que ya se encontraba bien documentados su efecto altamente adictivo y la dependencia que había generado en miles de pacientes.

La cuestionable conducta de Milione al atravesar de ida y vuelta la puerta giratoria del conflicto de intereses no representa un hecho aislado, sino una muestra de la sistemática descomposición imperante en esa entidad. En abril pasado, se dio a conocer que un auditor federal investiga a la directora de la agencia, Anne Milgram, por adjudicar sin licitación contratos millonarios a personas con quienes mantuvo relaciones laborales en sus puestos anteriores. De acuerdo con las revelaciones, Milgram autorizó el pago de sumas exorbitadas por trabajos que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA. El ex director regional en México Nicholas Palmeri fue abruptamente transferido a las oficinas centrales en Washington en mayo de 2021, y renunció en marzo de 2022. Al principio se intentó mantener el secreto, pero finalmente se supo que este individuo socializaba e incluso vacacionaba con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos, además de incurrir en irregularidades administrativas al cargar a la agencia todo tipo de gastos personales. Sólo dos meses después de que Palmeri dejó el organismo, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo.

Esos y otros casos que sería imposiblereseñar en este espacio evidencian la hipocresía de la política antidrogas de Washington, que recién ahora abre los ojos al problema del fentanilo y lo usa como instrumento de presión contra México y China, pero durante décadas volteó hacia otro lado mientras sus grandes empresas construíanel desastre. En las primeras dos décadasdel siglo XXI, medio millón de personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de algún opioide, una cantidad superior a lasvíctimas de accidentes de tránsito o de armas de fuego. Buena parte de dichas muertes no las provocaron drogas introducidas a territorio estadunidense de manera subrepticiapor traficantes vinculados al crimen organizado, sino medicamentos recetados por profesionales de la salud y anunciados mediante agresivas campañas de mercadotecnia en espacios estelares de los grandes mediosde comunicación.

Ante el hecho de que toda la políticaestadunidense en torno a los estupefacientes está contaminada de corrupción y simulaciones, no es sorprendente el punto al que hallegado la adicción a sustancias lícitas o ilícitas entre sus ciudadanos. En este escenario, está claro que la DEA carece de autoridad moral para exigir a México o a otros países que adopten determinadas medidas, puessu credibilidad se encuentra casi tan desvanecida como la de la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en tiempos de GenaroGarcía Luna.